La reciente decisión de Francia de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años reabrió el debate mundial sobre el impacto de estas plataformas en niños y adolescentes. La iniciativa, impulsada por el presidente Emmanuel Macron y aprobada por el Parlamento francés, convierte al país en el primero de la Unión Europea en establecer una restricción de este tipo, obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. La medida comenzará a regir desde septiembre de este año para las nuevas cuentas y, posteriormente, se extenderá a los perfiles ya existentes.
En paralelo, Chile comenzó a discutir una iniciativa similar. Actualmente se encuentra en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir el ingreso, registro y uso de redes sociales a menores de 16 años, mientras que en el Senado también avanza una moción que propone fijar el límite en los 14 años, abriendo un debate sobre cuál debiera ser la edad adecuada y cómo implementar una eventual fiscalización.
Diego Cheuquepán Maldonado, director general de sede virtual de la Universidad del Alba, explica que, en efecto, “durante muchos años se pensó que las redes sociales eran simplemente un espacio de interacción. Hoy sabemos que funcionan sobre algoritmos cuyo objetivo principal es captar y mantener la atención del usuario. En el caso de niños y adolescentes, cuyos mecanismos de autocontrol todavía están en desarrollo, esa lógica puede generar un consumo excesivo y afectar aspectos importantes de su desarrollo emocional y cognitivo.”
Aquello resulta central en el debate que hoy se pone sobre la mesa. Diversos estudios han advertido sobre los efectos que el uso intensivo de redes sociales puede tener en la salud mental, el desarrollo cerebral y el bienestar emocional de niños y adolescentes, especialmente por la exposición a contenidos nocivos, fenómenos de ciberacoso, algoritmos adictivos y desinformación.
¿Es viable replicar el modelo francés?
Más allá de la intención de proteger a los menores, especialistas coinciden en que el principal desafío será la implementación.
“La prohibición puede ser una señal política potente, pero por sí sola no resolverá el problema. Si los menores siguen teniendo acceso a dispositivos sin supervisión o encuentran formas de eludir los controles, el impacto será limitado. Las políticas públicas deben combinar regulación, alfabetización digital y corresponsabilidad familiar”, detalla el académico.
Además, puntualiza el especialista, “el debate ya no es si debemos proteger a los menores en el entorno digital, sino cómo hacerlo sin afectar derechos fundamentales como el acceso a la información o la privacidad”.
La experiencia francesa, explica, “demuestra que existe voluntad política para regular las plataformas digitales, pero el verdadero desafío está en los mecanismos de verificación de edad. Si no existe una tecnología robusta y respetuosa de los datos personales, la norma puede terminar siendo difícil de aplicar.”
En efecto, concluyen especialistas en el tema, Chile tiene condiciones para avanzar en una regulación similar, aunque advierten que debe hacerse de manera gradual.
“Más que prohibir por sí solo, el desafío es construir una política integral que combine educación digital, que incorpore a la familia y por supuesto a la regulación tecnológica y obligaciones concretas para las plataformas. Una ley sin estos elementos corre el riesgo de transformarse únicamente en una declaración de intenciones”, dice el director general de sede virtual de la Universidad del Alba.
Un debate que recién comienza
La legislación francesa también ha abierto interrogantes sobre la capacidad real de las plataformas para verificar la edad de sus usuarios sin vulnerar su privacidad. De hecho, parte de la discusión europea se centra precisamente en cómo compatibilizar la protección de menores con las normas de protección de datos personales.
En Chile, el avance de las iniciativas parlamentarias podría acelerar una discusión que hasta hace pocos meses parecía lejana. Si prosperan, el país podría transformarse en uno de los primeros de América Latina en establecer restricciones legales al acceso de menores a redes sociales, siguiendo una tendencia internacional que ya observan con atención otros países europeos y Australia.
