«Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas», dijo el Ministro Alvarado cuando estalló el caso. Es una frase noble. También es, hasta ahora, la única certeza que ha entregado el Estado en todo este episodio, además de crear un grupo de trabajo.
Los hechos, sin adjetivos: 486 niños y adolescentes haitianos entraron a Chile en 61 vuelos chárter entre 2024 y 2025, acompañados por solo doce adultos. Uno llegó en un viaje con 34 menores a su cargo. Otra, una ciudadana dominicana, lo hizo doce veces con 130 niños en total. De una muestra de 105 casos revisados por Contraloría, 64 no pudieron ser ubicados. En febrero de 2025 se aprobó un permiso de reunificación familiar para tres niños a nombre de un padre que llevaba un mes muerto, y nadie lo notó.
La explicación cómoda es la negligencia: un sistema que se quedó ciego, papeles que nadie cruzó. Pero esa explicación se rompe en cuanto se mira el origen de la flexibilización, porque ahí no hubo descuido. Hubo una decisión. La exministra del Interior, Carolina Tohá, lo dijo sin rodeos: el consulado en Haití dejó de funcionar por instrucción de la Cancillería, y frente a eso el Gobierno optó por que los niños viajaran con documentos sin legalizar, confiando en que Migraciones los revisara ya en Chile.
En sus palabras, era la única manera de no cerrar la puerta. El Estado sabía que bajaba un filtro y lo bajó de todas formas. Eso no es negligencia. Es un riesgo que alguien calculó, y que decidió correr sin avisarle a nadie.
Hay algo, además, que distingue este episodio de un simple error administrativo: lo decidieron sabiendo que era zona gris, y la mantuvieron en silencio. No hubo un anuncio público explicando por qué se flexibilizaba la entrada de niños, ni una rendición de cuentas sobre el riesgo que se estaba asumiendo en nombre del país. Se gestionó hacia adentro, a espaldas de la ciudadanía, y solo se conoció cuando un pre – informe de Contraloría se filtró a la prensa. Eso sugiere algo más incómodo que el descuido: quienes tomaron la decisión sabían que no resistiría una explicación pública, y prefirieron el silencio a la exposición política.
Aquí conviene detenerse en algo que se está pasando por alto. el Servicio de Migraciones y la Dirección de Aeronáutica Civil operan con protocolos. Esos protocolos no se saltan solos. Si cientos de niños entraron sin la documentación normal, sin listados de pasajeros, sin verificación de vínculos, alguien tuvo que indicar a esas instituciones que mirara para el lado. Esa indicación no aparece hasta ahora en ningún memorándum público, lo que sugeriría que no se usaron los canales formales. La pregunta de fondo, la que de verdad importa, es quién dio esa instrucción y por qué se aseguró de que no quedara registro de ella.
Porque sería una antesala lamentable de este caso si al final solo termina pagando los platos rotos un funcionario de tercera línea, mientras quien autorizó mirar para el otro lado, si existió esa autorización, queda fuera de cualquier sumario. El presidente Kast exculpó a la PDI, que por ser una institución jerárquica y no deliberante, no puede objetar órdenes superiores.
El silencio frente a quienes preguntaron a tiempo es igual de elocuente. En abril de 2025, el Congreso ofició al Ministerio del Interior,la DGAC, a Migraciones y a la PDI preguntando quién costeaba esos vuelos. No hubo respuesta. El propio ministro del Interior de entonces habría admitido que desconocía cómo se financiaban. Que un ministro lo desconozca no se explica por falta de información. Se explica porque nadie tenía la obligación de averiguarlo, y a nadie le convenía hacerlo.
La pregunta del dinero, mientras tanto, sigue abierta. El fiscal a cargo de la causa fue directo: habrá una línea investigativa sobre quién financia estos vuelos, y la pesquisa irá «aguas arriba adonde tengamos que llegar».
Han aparecido informaciones sobre agencias privadas que cobran sumas millonarias, y el relato de dirigentes haitianos que justifican todo insistiendo en que esos vuelos eran la única forma real de traer a los niños ante el colapso de las rutas comerciales a Puerto Príncipe.
Si es así, el cuadro no mejora: significa que el Estado externalizó en privados una tarea que él mismo reconocía indispensable, y que prefirió no formalizar porque hacerlo habría obligado a explicarla.
El actual ministro de Defensa calificó esta política como «mal manejada».
Es una manera elegante de decir algo más serio: que hubo una decisión consciente de mantener el flujo abierto sin control proporcional al riesgo, tomada por quienes entendían perfectamente esa desproporción y calcularon, con razón hasta ahora, que nadie les pasaría la cuenta por ella. Puede que la mayoría de los niños aparezcan sanos y salvos.
Pero eso no resuelve por qué un ministro podía desconocer cómo se pagaban esos vuelos, ni quién instruyó a los organismos responsables del control que dejaran pasar lo que no debían dejar pasar.
El ministro Alvarado dijo que lo importante eran los niños, no las responsabilidades. Con todo lo que se ha ido conociendo del caso, cuesta no leer esa frase como una indicación de que las responsabilidades, en efecto, no van a llegar a ninguna parte.
Esto por lo que pasó con la llegada masiva de adultos haitianos entre el 2016 y 2018, unos 188.000, en vuelos nocturnos financiados por la OIM-ONU Migración con pagos al país por casi US$ 4.000 cada uno para fines de capacitación y mantención. Lo que vimos en ese tiempo nos llenó de dudas, sin explicaciones oficiales y públicas por el destino de estas personas y el uso de los recursos.
Lo que si sabemos es que muchos obtuvieron residencia y luego usando el beneficio de viaje con EE. UU. se fueron a ese país.
Robert Morrison Munro, Ph.D., abogado
U. Autónoma de Chile.
