Un nuevo giro tomó el denominado Caso Bruma luego de conocerse un registro de audio en el que el capitán de la nave Cobra afirma segundos antes del choque con el pesquero Bruma: “voy a pasar encima de esa hueá”.
La frase, grabada en cabina, ha sido calificada como una prueba fundamental que reforzaría la hipótesis de una colisión consciente.
El diputado Roberto Celedón, representante del Maule e integrante de la Comisión Especial Investigadora, reaccionó con dureza ante la revelación, asegurando que el hecho trasciende con creces la figura de denegación de auxilio.
“Estamos frente a una hipótesis de uno de los delitos más graves como es el homicidio. El audio demuestra que no se trató de un accidente fortuito, sino de un acto consciente y doloso”, enfatizó el parlamentario.
Celedón calificó el registro como “extraordinariamente grave y consternante” y cuestionó la pasividad del Ministerio Público. En esa línea, instó a la Fiscalía a formalizar de inmediato la investigación: “Siempre hemos reclamado verdad y justicia, y no se entiende la pasividad frente a una realidad tan evidente de colisionar conscientemente a otra nave. Por el prestigio del Ministerio Público y del sistema judicial, es estrictamente necesario que se formalice la investigación de una vez por todas”, agregó.
El diputado extendió la responsabilidad más allá del capitán del Cobra, aludiendo directamente a la empresa Blumar y a sus máximos ejecutivos, quienes –según dijo– habrían tenido conocimiento temprano de la existencia de este material incriminatorio.
“La responsabilidad penal no solo alcanza al capitán, sino también a quienes ocultaron esta información desde el primer momento. Los ejecutivos de Blumar deben responder penalmente y ser excluidos de toda concesión pesquera. No más Blumar como concesionario”, sostuvo con firmeza.
El nuevo antecedente difundido en la comisión parlamentaria endurece el escenario judicial y político de un caso que, desde su inicio, ha estado envuelto en denuncias de irregularidades procesales y cuestionamientos al rol de las autoridades.
La indagatoria ahora podría abrirse hacia eventuales delitos de mayor gravedad, con la expectativa de que la Fiscalía acelere las diligencias pendientes y determine si existió responsabilidad corporativa en la ocultación de pruebas clave.
