A más de una década de iniciadas las primeras campañas de seguridad asociadas a los airbags Takata, miles de vehículos continúan circulando en Chile sin haber realizado las reparaciones recomendadas por los fabricantes. La situación preocupa a la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, debido a que estos dispositivos fueron objeto de uno de los mayores recalls de seguridad de la historia de la industria automotriz mundial.
Los airbags Takata fueron instalados en millones de vehículos comercializados por distintas marcas alrededor del mundo. Diversas investigaciones internacionales establecieron que determinados infladores de las bolsas de aire podían deteriorarse con el paso del tiempo y, al activarse durante un accidente, proyectar fragmentos metálicos hacia el interior del vehículo, generando riesgos de lesiones graves e incluso fatales para conductores y pasajeros.
En Chile, distintas marcas han desarrollado campañas de revisión y reemplazo gratuitas para los vehículos afectados. Sin embargo, una cantidad importante de unidades continúa pendiente de reparación. En el caso de Toyota, uno de los fabricantes con mayor presencia en el mercado nacional, las cifras disponibles muestran que aún existen más de 30 mil vehículos que no han completado el proceso de sustitución del componente defectuoso.
Un problema que sigue vigente
Lejos de tratarse de una situación superada, durante 2026 diversos fabricantes han reiterado llamados preventivos para que los propietarios revisen si sus vehículos están incluidos en campañas de seguridad vigentes. Además de Toyota, existen campañas y alertas asociadas a airbags Takata que han involucrado a distintas marcas comercializadas en Chile, pertenecientes al grupo Stellantis, entre ellas Citroën, Jeep, Peugeot, DS, Fiat, Chrysler, Dodge, RAM y Opel, lo que confirma que no se trata de un problema aislado de un fabricante, sino de un desafío transversal de seguridad de productos.
En algunos casos, las recomendaciones internacionales incluso han considerado la inmovilización preventiva de determinados vehículos hasta que se realice la reparación correspondiente, reflejando la importancia que reviste este problema para la seguridad de las personas.
Para ODECU, uno de los principales desafíos está relacionado con la falta de información que afecta a los consumidores que adquieren vehículos usados. A diferencia del primer propietario, quien normalmente recibe las comunicaciones emitidas por el fabricante o concesionario, los propietarios posteriores pueden desconocer completamente que su automóvil se encuentra afectado por una
campaña de seguridad pendiente. Esta situación genera una brecha de información relevante para los consumidores, quienes podrían estar utilizando diariamente un vehículo que requiere una intervención preventiva sin tener conocimiento de ello.
“La seguridad de las personas debe estar por sobre cualquier otra consideración. La existencia de campañas de reparación gratuitas da cuenta de que el riesgo ha sido identificado y requiere una medida correctiva de seguridad, sin costo para los consumidores. Sin embargo, mientras existan miles de vehículos pendientes de revisión, sigue existiendo un riesgo para consumidores y sus familias. Es fundamental reforzar los mecanismos de información y localización de propietarios para asegurar que estas reparaciones se realicen oportunamente”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU.
Necesidad de fortalecer la información, la trazabilidad y el cierre de los recalls
ODECU considera indispensable avanzar hacia mecanismos más eficientes de información para los consumidores, especialmente en el mercado de vehículos usados.
El caso Takata muestra una debilidad más amplia del sistema chileno de recalls. Actualmente, estas campañas operan principalmente bajo una lógica reactiva: se informa una alerta, se publica la información disponible y se llama a los consumidores a revisar si su vehículo está incluido. Ese modelo es necesario, pero resulta insuficiente cuando se trata de riesgos graves, universos numerosos de vehículos afectados y automóviles que han cambiado de propietario una o más veces.
La organización propone fortalecer la coordinación entre fabricantes, concesionarios, autoridades y organismos fiscalizadores para facilitar la identificación de vehículos afectados, localizar a sus actuales tenedores y aumentar las tasas de reparación.
Asimismo, resulta necesario promover herramientas de consulta simples y accesibles que permitan verificar, mediante la patente o número de identificación vehicular, si un automóvil mantiene campañas de seguridad pendientes.
“La protección de los consumidores no termina cuando se vende un vehículo. La información sobre riesgos asociados a la seguridad debe llegar efectivamente a quienes utilizan esos automóviles, independientemente de cuántas veces hayan cambiado de propietario. En materia de recalls, Chile debe avanzar desde la mera publicación de alertas hacia sistemas de trazabilidad, contacto efectivo y seguimiento del cierre de las campañas”, agregó Stefan Larenas.
Finalmente, ODECU hace un llamado a todos los propietarios de vehículos a verificar si su automóvil forma parte de alguna campaña de seguridad vigente y, en caso de corresponder, realizar las reparaciones recomendadas por el fabricante a la brevedad.
La organización continuará monitoreando el desarrollo de estas campañas y promoverá acciones destinadas a garantizar que los consumidores cuenten con información clara, oportuna y suficiente respecto de riesgos que puedan afectar su seguridad y la de sus familias.
