Las y los trabajadores del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, representados en ANFUSEPNA, están denunciando
públicamente una situación de extrema gravedad que afecta a adolescentes bajo protección del Estado y a los equipos que se desempeñan en residencias de la ciudad de Talca, Región del Maule.
Se trata, en concreto, de una escalada de violencia delictual asociada a la acción de redes de narcotráfico que se viene registrando en torno a las residencias de la institución en esta comuna y en cuyo último
episodio, registrado el día 15 de abril pasada, afectó a adolescentes residentes que fueron víctimas de agresiones de extrema violencia, incluyendo golpizas, amenazas con armas blancas y de fuego, así como
amenazas explícitas de muerte. A ello se suma información que indica que integrantes de estas redes han identificado sus ubicaciones e incluso han realizado registros fotográficos en las inmediaciones de las
residencias, exponiendo directamente la seguridad de los jóvenes y de los funcionarios.
Parte de esta escalada es el episodio registrado el 4 de enero pasado, en el que una de las residencias de protección de Talca fue atacada con disparos de arma de fuego por una banda criminal, en un intento
de dar muerte a un adolescente que residía en dicho dispositivo, en el marco de conflictos asociados a una supuesta “quitada de drogas”.
La organización manifiesta su máxima preocupación por estas situaciones que exponen de manera directa a las residencias ante redes criminales y la falta de medidas estructurales eficaces frente a una crisis que ha sido advertida reiteradamente por las y los funcionarios durante los últimos años.
Por estas razones, ANFUSEPNA exige la implementación inmediata de medidas de seguridad reforzada, el traslado urgente de adolescentes en riesgo vital, la presencia inmediata de autoridades nacionales en la
región y garantías concretas de protección para los funcionarios y funcionarias, quienes señalan que el “Estado de Chile tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de quienes se encuentran bajo su protección”, y que, “la inacción frente a estos hechos puede tener consecuencias irreparables”, aseguran
