Gabriel García Márquez sentenció una vez que “el periodismo es el mejor oficio del mundo”. Es una idea que resulta compleja en el siglo XXI cuando cualquier persona puede -vía Internet- informar y opinar, sobre todo opinar, de cualquier cosa a una audiencia globalizada. Hasta mediados del siglo pasado, aunque ya existían en América Latina las escuelas de Periodismo, esta era una profesión no siempre bien considerada.
Por esos años, García Márquez ya había echado a andar la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, una ambiciosa escuela de periodismo que partía de la convicción de que “el periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”.
En estos días ha recrudecido entre nosotros la preocupación por la libertad de expresión.
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Por ello vale la pena reiterar, además del diagnóstico de García Márquez, que el periodismo es parte consustancial de la democracia. Y para ello requiere, sobre todo, de libertad.
Este es, creo, el nudo del debate, ya antiguo por cierto, en que estamos inmersos a partir de la divulgación del programa presidencial de Daniel Jadue.
En el capítulo “Derecho a la Comunicación y medios” se dice: “La herencia de la dictadura y la nula acción de los gobiernos democráticos permitieron sostener un modelo de comunicación privatizado que… sobrerrepresenta intereses de los sectores hegemónicos”.
Se apunta así directamente contra la Constitución vigente, cuyo artículo 19, N°12, cerraría la puerta al derecho de la población “a comunicar y recibir información oportuna, diversa y veraz”. ¿La causa? La fórmula de garantizar “la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”, restringe el derecho de la ciudadanía, “el derecho colectivo” a la “veracidad” y la “diversidad” y la “memoria”.
Pese a que la argumentación no es muy clara, se puede convenir en que la libertad de expresión debe perfeccionarse. Por ejemplo, el Colegio de Periodista planteó hace años que la publicidad del estado debe favorecer a todos los medios por igual. Y hay más propuestas que se han ido acumulando.
Pero el debate actual va en otro sentido.
Jadue plantea una ley que “exija que los medios sean objetivos”, cuyo cumplimiento se haría efectivo a través de “un consejo ciudadano compuesto por todos los poderes del Estado, pero que también podría ser electo por la ciudadanía”, con poder para revocar concesiones a quienes se aparten de esa línea.
Es efectivo que todas las personas, en uso de su libertad de expresión, tienen derecho a formular las críticas y observaciones que les parezcan. Sin embargo, cuando Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, comentando el programa de Jadue, promueve indirectamente los juicios populares, pone en riesgo la libertad de expresión de los propios periodistas.
El presidente Ahumada sostuvo también que, frente a un ataque por las redes sociales, los periodistas deberían recurrir a los tribunales de justicia. Ignoró así que a las órdenes profesionales corresponde la defensa de sus asociados y han reivindicado el derecho a enjuiciar en sus propios tribunales éticos cualquier conducta reprochable.
Si un periodista o un medio comete un delito, debe actuar la justicia. Pero no ante un error o una falla. Menos todavía un “tribunal popular”.
