TALCA.- Con el objetivo de enfrentar una de las contingencias agrícolas más significativas para la agricultura tradicional del Maule en los últimos años, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, encabezó una mesa del agro junto al delegado presidencial provincial de Linares, los Seremis de Agricultura y Economía, el director de INDAP y la Comisión Nacional de Riego (CNR), destinada a coordinar medidas, levantar información territorial y articular apoyos concretos para productores de remolacha y arroz afectados por un escenario de alta presión productiva, comercial y económica.
La instancia abordó dos procesos críticos para el desarrollo agrícola regional. Por una parte, la decisión de Iansa de no contratar siembras de remolacha para la temporada 2026–2027, junto al cierre de su área agrícola, lo que implica su retiro definitivo como actor articulador del rubro y el término estructural de la actividad remolachera en el Maule Sur.
Esta medida impacta directamente a 122 agricultores y aproximadamente 2.191 hectáreas actualmente sembradas en la zona, cuya producción en curso será la última cosecha regional, afectando además cadenas vinculadas de transporte, servicios agrícolas, maquinaria, empleo estacional y sustentabilidad productiva, debido a la pérdida de la remolacha como cultivo estratégico dentro de los sistemas de rotación agrícola.
ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
La decisión responde a una inviabilidad económica estructural del rubro, marcada por costos de producción superiores al precio de venta y por un cambio en el modelo de abastecimiento industrial, donde actualmente cerca del 70% del azúcar procesada por la compañía proviene de caña importada y solo un 30% de remolacha nacional. Este escenario no solo marca el cierre de un ciclo productivo histórico para la provincia de Linares, sino que también instala una señal de alerta sobre la sostenibilidad futura de otros cultivos tradicionales en la región.
“Convocamos esta mesa del agro porque nuestra prioridad es coordinar a los servicios del Estado y generar respuestas concretas para nuestros agricultores. Sabemos que existe preocupación real por parte de remolacheros y arroceros, y por eso estamos trabajando para apoyar, acompañar y construir soluciones responsables que permitan enfrentar este escenario con enfoque territorial, protección del empleo agrícola y alternativas de reconversión sostenibles”, señaló el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto.
ARROZ IMPORTADO
En paralelo, la mesa analizó la situación del arroz, rubro estratégico para el Maule, considerando que la región concentra aproximadamente el 77% de toda la superficie cultivada del país, equivalente a 14.750 hectáreas durante la temporada 2025–2026, con una producción estimada de 102.629 toneladas. Pese a que en los últimos 14 años el rendimiento productivo regional ha crecido un 31,2%, la expansión de importaciones ha generado una presión creciente sobre la rentabilidad del sector, particularmente en pequeños y medianos productores.
Actualmente, cerca del 70% del consumo interno nacional corresponde a arroz importado, principalmente desde Paraguay (46,8%), Argentina (43,6%) y Uruguay (7%), países que acceden con condiciones arancelarias preferenciales. Esta situación ha debilitado progresivamente la competitividad del arroz nacional, afectando especialmente a la Agricultura Familiar Campesina, considerando que cerca de 500 productores vinculados a INDAP dependen de este rubro a nivel país y que el 48% de los predios arroceros tienen menos de 50 hectáreas.
Por su parte, el seremi de Agricultura, Alejandro Muñoz, explicó que “hoy día nos reunimos para ver cuál es la fórmula en que desde la gestión de Gobierno podemos colaborar en los procesos de reconversión de estos agricultores. Es un proceso doloroso, pero tenemos el deber de brindar apoyo, generar herramientas concretas y fortalecer la competitividad de nuestros productores”.
ESTRATEGIA
En ese contexto, las autoridades avanzan en una estrategia de respuesta que considera consolidar catastros detallados, impulsar instrumentos de apoyo transitorio, asistencia técnica y financiera, alternativas de reconversión productiva -incluyendo opciones como avellano europeo y frutales para remolacheros-, además de fortalecer el seguimiento de mercado y la competitividad para el rubro arrocero.
Las autoridades coincidieron en que el escenario exige una respuesta institucional oportuna, coordinada y de corto, mediano y largo plazo, orientada no solo a mitigar impactos inmediatos, sino también a proteger la sustentabilidad, el empleo y el futuro de la agricultura regional frente a procesos estructurales como el aumento de costos, la pérdida de infraestructura productiva y la creciente sustitución por importaciones.
