Un grupo de consejeros y exconsejeros regionales, parte de la Comisión Investigadora por el Caso Convenios conformada en el Consejo Regional, se refirieron al informe de la Contraloría General de la República donde se exponen irregularidades en la gestión del Gobierno Regional del Maule, lo que fue confirmado también por el Contralor Nacional, Jorge Bermúdez, quien iniciará un sumario administrativo y entregó dicha investigación al Ministerio Público por ser eventualmente constitutivo de delito.
Precisamente, a inicios de julio de este año, dichos consejeros acudieron a Contraloría para entregar antecedentes de las denuncias e iniciar una investigación. Tras cuatro meses, el informe arrojó como resultado que, junto con el traspaso millonario de recursos desde el GORE a la Fundación Urbanismo Social, se acreditó que se supeditó la entrega de la información sobre la ejecución del proyecto a la contratación de determinadas personas cercanas políticamente a la gobernadora Cristina Bravo (DC) y a familiares de funcionarios de alta responsabilidad, lo cual, según el Contralor, da cuenta de un tráfico de influencias, y como tal, deberá ser abordado por el Ministerio Público.
El consejero regional (Evópoli), Patricio Lineros, indicó que “nosotros estamos pidiendo que se hagan los sumarios correspondientes, se busquen efectivamente si hay personas que puedan ser sancionadas, y para eso está el Ministerio Público y obviamente todos los entes. Creemos en las instituciones y que las instituciones tienen que hacer su trabajo. Si hay alguien que ha cometido errores en estos procesos, tiene que cumplir ante la ley. Las personas que están vinculadas con esto tienen que entregar sus cargos en la región del Maule y en la región que sea. Acá se tiene que acabar el compadrastro político y los intereses propios, acá el fin es trabajar por la ciudadanía”.
Asimismo, el consejero regional, Gabriel Rojas, afirmó que “la corrupción no tiene color político” y que “está acreditado que existió tráfico de influencias al interior del Gobierno Regional, en donde se entregaron más de 264 millones de pesos a fundaciones a requisito de que se contrataran personas que son familiares, amigos y militantes de partidos de la propia gobernadora. Y esa situación tiene que resolverlo finalmente Fiscalía, porque, en palabras del Contralor Nacional, existen hechos que son constitutivos de delito. Nosotros como consejeros y consejeras regionales no podemos obviar nuestra responsabilidad, no tan solo legal, sino democrática, de fiscalizar que los recursos se ocupen de buena manera”.
Por su parte, Giovanna Paredes, ex consejera regional, quien fue parte de la denuncia realizada en Contraloría, indicó que “este informe solamente se basa en algunas de las fundaciones que se entregaron recursos de forma directa por la gobernadora, pero además nosotros también avanzamos en la solicitud de toda la información por entrega de convenios a las corporaciones, que no deja de ser. Hay traspasos millonarios a municipalidades y convenios que aún no tenemos rendición y no sabemos cómo han avanzado, seguramente vamos a encontrar grandes fallas porque se han entregado recursos a fundaciones que no cumplen avances y no han rendido”.
Sobre posibles desvinculaciones de funcionarios que fueron parte de las irregularidades, el ex consejero regional, Patricio Ojeda, comentó que “los antecedentes no cambiaron en estos cuatro meses, por lo tanto, me sorprende que hoy día la gobernadora estime que hay que tomar acciones cuando las pudo haber tomado hace cuatro meses atrás, cuando se le presentaron los antecedentes. En estos cuatro meses hay funcionarios que siguieron actuando, que siguieron estando al mando de muchas tareas administrativas dentro del Gobierno regional. Yo espero que todos los antecedentes, que se necesitaban tener a la vista, se hayan podido tener y no se haya intervenido, de manera tal de poder evitar que se puedan tener”. Finalmente agregó que “si la gobernadora ha tomado la decisión de desvincular a personas individualizadas en el informe de Contraloría, me parece muy bien, pero quiero dejar sumamente claro que eso no la extingue a ella de la responsabilidad que le compete como la principal autoridad de esta institución”, concluyó Ojeda.
