A raíz de los casos de abusos que han ocurrido en el último tiempo en el ámbito deportivo, entre estos la denuncia de una violación grupal por cadetes de un equipo de fútbol nacional, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) presentó una iniciativa que busca establecer la obligación legal de denunciar los delitos contra menores en el contexto de actividades deportivos o dentro de recintos deportivos.
La iniciativa originada en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, establece un sistema de denuncia, similar a lo que ocurre en los colegios, que obliga a los dirigentes deportivos, directivos, deportistas, personal de apoyo de los mismos, entrenadores, técnicos, oficiales, árbitros o personal administrativo de las Federaciones o de las organizaciones afiliadas a ellas, de esta manera no se deja a voluntad la denuncia y previene la comisión de delitos en estos contextos.
Al respecto, el diputado Jorge Guzmán indicó que “valoramos que la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados esté avanzando en un proyecto de ley de nuestra autoría, que busca salvar una omisión incomprensible. No podemos entender que en el Código Procesal Penal no exista obligación de denuncia respecto de delitos que afecten a menores de edad en el contexto del deporte o que se tomen conocimiento en razón de la actividad deportiva. Este proyecto nace producto de la situación grave que se vivió en el club Cobreloa, una violación masiva que afectó a una mujer y que nadie denunció”.
Asimismo, afirmó que “buscamos a través de este proyecto de ley que en el Código Procesal Penal exista la obligación de denunciar respecto de situaciones de delitos que afecten a menores de edad, ya sea en la actividad deportiva o que se tome conocimiento en razón de la misma a través de los entrenadores, los dirigentes o quienes se vinculen con un menor en la práctica del deporte. Con esto buscamos proteger a los niños, niñas y adolescentes y generar un entorno seguro a través de la actividad deportiva”.
Finalmente, la Comisión de Deportes se encuentra invitando a una serie de instituciones, como la Defensoría de la Niñez y al Fiscal Nacional, para abordar la discusión de esta iniciativa de manera integral y buscar la modificación del Código Procesal Penal en esta materia.
