Un llamado a la Armada de Chile, la Municipalidad de Constitución y también al Ministerio de Bienes Nacionales para que hagan funcionar la institucionalidad y detengan en el más breve plazo la construcción ilegal de viviendas de alto valor en el borde costero del puerto de Maguillines, conocidas como “tomas vip”, formularon la Senadora por el Maule y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, y la candidata a gobernadora regional, Cristina Bravo, quienes lamentaron que frente a hechos similares el Estado actúe de manera diferente.
“Resulta incomprensible el accionar del Estado en esta materia. Vimos con en la región Metropolitana se monta un inmenso operativo para desalojar un campamento, mientras que acá en el Maule todos se miran y no actúan. Se está sentando un pésimo precedente y mientras más tiempo pase, más difícil será darle solución”, planteó la legisladora.
Añadió que es indignante constatar como el Estado en una parte del país se moviliza y actúa, mientras que en otra, pese a las denuncias públicas y al reconocimiento de la Armada de que existe una ilegalidad en la construcción, nada se hace para detenerla. “Acá se impide el libre acceso a las playas y se cierran vías de evacuación en caso de tsunami. La institucionalidad debe funcionar y actuar”, fustigó la parlamentaria.
Cocinerías
Cristina Bravo, a su vez, explicó que el tema de las concesiones marítimas no es un trámite rápido y que es excluyente para proceder a construir. De hecho, explicó que desde hace más de tres años el Sindicato de Trabajadoras Independientes Señoras de Pescadores Artesanales y Productos del Mar está tramitando la concesión menor, sin resultados positivos.
Agregó que esta situación le impide a la organización realizar construcciones permanentes y, lo que es peor en el escenario de pandemia, obtener la patente para sus cocinerías y así ser sujetos de ayuda por parte de instituciones como el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.
“La situación de estas emprendedoras es crítica, no pueden trabajar, no pueden formalizarse ni obtener ayuda, pese a hacer todo como lo establece la ley. ¿Por qué ellas y sus familias deben pagar los costos por respetar la norma y otros se benefician por no hacerlo? Si el Estado no hace la pega en estos casos, sólo contribuye a fomentar la ilegalidad”, concluyó Cristina Bravo.
