¿Una luz al final del túnel?
Acaba de terminar el 2024 y es necesario mirar hacia atrás y hacer un recuento de lo que en él pasó, primeramente, en torno a las principales urgencias de la sociedad, más aún cuando uno se dedica al servicio público, intentando, en lo concreto, mejorar la vida de los habitantes de nuestro país.
Desde hace por lo menos un par de décadas que una de las principales preocupaciones de los chilenos y chilenas es la seguridad, tema que ha venido compartiendo los primeros tres lugares en cuanto a asuntos de interés, junto a salud, educación y pensiones.
Y, si hablamos específicamente de seguridad y actividad criminal, una arista que se ha robado las miradas en los últimos años es la creciente y alarmante participación en los delitos que se cometen en el país de ciudadanos extranjeros, asociado principalmente a la explosión migratoria de los últimos años.
Los números que mantiene la Defensoría Penal Pública en su sistema de gestión de defensa penal (SIGDP) son claros a este respecto, confirmando esa preocupación, y nos muestran que entre 2013 y 2023 se anotaron 11 años consecutivos en que el número de ingresos de imputados extranjeros atendidos por nuestro servicio fue en constante alza.
En efecto, esta estadística nos muestra que pasamos de representar, en 2013 —es decir, hace tan solo una década— a un total de 5.121 extranjeros, que equivalía a un 1,5% del total de ingresos de ese año, que ascendió a 346.362 imputados atendidos por la Defensoría, a representar en 2023 a un total de 24.154 imputados extranjeros, que equivalieron al 8,5% de todos los imputados atendidos ese año por el servicio en todo Chile, que ascendió a 282.644 personas.
Los números se presentan tan elocuentemente al alza, que me permitiré señalar expresamente los totales por año de imputados extranjeros atendidos en los períodos intermedios. Así, las cifras fueron, en 2014: 5.699; 2015: 6.829; 2016: 7.322; 2017: 8.943; 2018: 10.750; 2019: 14.480; 2020: 16.630; 2021: 17.809, y 2022: 21.720.
Pues bien, ¿qué ocurrió el 2024? Se quiebra una tendencia de 11 años a la fecha y se anota una considerable baja en el ingreso de imputados de nacionalidad extranjera representados por la Defensoría, llegando esta cifra a los 22.174 imputados no chilenos, de un total de personas representadas durante el año pasado de 279.035. La baja es relevante, ya que supera el margen de error, significando un 7% de baja.
A la luz del problema presentado en torno a la seguridad y la migración, la cifra expuesta, naturalmente es una noticia positiva y nos obliga a explorar las razones de aquello.
Tiendo a pensar que esto no es obra del azar, sino que obedece a una serie de cambios legales, políticas y programas públicos que comienzan a dar frutos.
Primeramente, la nueva institucionalidad, más moderna en torno a la migración, creando incluso un servicio a cargo de su manejo, sumado a la necesaria y prudente custodia de las fronteras llevada adelante estos últimos años, parece estar controlando el preocupante nivel de migración, sin mayor control, que se sufrió en su momento, ante la inexistencia de una política migratoria y normas jurídicas capaces de abordar un problema nuevo para nuestro país.
Lo anterior incluye el proceso de expulsión, contemplado en la ley, y que, sujeto a los controles convencionales de rigor, lleva varios años funcionando sin mayores contratiempos.
A lo anterior debemos sumar cambios legales, de distinta especie, que buscan agilizar la respuesta penal entregando mejores herramientas, siempre dentro del marco de la racionalidad del proceso y las reglas del juego del sistema contradictorio y de garantías procesales que tenemos vigente en Chile, que al parecer están provocando los efectos deseados en torno a la oportunidad y celeridad de la administración de justicia.
Otro tanto debemos decir respecto de la cuantiosa inversión que han recibió las policías y el órgano persecutor, que les ha permitido enfrentar de mejor manera el crimen organizado y desbaratar sus formas de actuación.
Por último, Gendarmería de Chile, dentro de las restricciones, atávicas ya, en su presupuesto, ha implementado medidas para controlar la comisión de delitos dentro de sus recintos, también desbaratando bandas y castigando a sus propios funcionarios cuando esto se ha descubierto, entregando señales también de que ese es el camino correcto en la persecución de la violencia en todas sus formas.
En lo nuestro, la Defensoría Penal Pública también ha sido parte de este proceso, generando un modelo especial de atención para los migrantes, siendo pioneros en la protección de sus derechos, y controlando efectivamente que las garantías del proceso penal, que redundan en la protección de los derechos de todas las personas imputadas por un delito, sin importar su nacionalidad, han hecho que este tiempo algo convulso haya transitado dentro de los márgenes del debido proceso, sin criminalizar la migración, ya que es un derecho humano más, que debemos promover, proteger y resguardar, velando, además, por el respeto de las garantías procesales de todas las personas.
Por todo lo anterior es que, teniendo una mirada optimista de la cifra que sirve de corazón a este artículo, podría ser que esta implique, metafóricamente hablando, que estamos frente, como sociedad chilena y sistema penal en su conjunto, a una luz tenue que comienza a verse luego de la intensa oscuridad de un túnel, y que signifique un mejor y racional funcionamiento del sistema penal en su conjunto.
Por José Luis Craig
Defensor Regional del Maule
