“Esta no es nuestra desmunicipalización. El problema central es que estamos frente a una ley que no expresa ni refleja efectivamente una priorización por la educación pública”, expresó el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, luego de convocar a una movilización contra la implementación de nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
En noviembre del 2017, la Ley 21.040 estableció una nueva institucionalidad para la Educación Pública en Chile, donde se traspasan los establecimientos educacionales, jardines infantiles VTF, escuelas y liceos de los 345 municipios a 70 Servicios Locales de Educación Pública.
Proceso que no ha estado exento de críticas y problemas desde luego.
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR
Desde el Colegio de profesores han señalado que la puesta en práctica de los SLEP que hoy día están en régimen, ha demostrado que la nueva educación pública de la cual se habló, no difiere en absoluto y tiene los mismos vicios que la administración municipal. Para otros actores en cambio, este llamado a movilizarse por parte del gremio se trataría de una excusa más para continuar aplazando el ingreso a clases presenciales.
Desde esta mirada, lo más llamativo sería el tiempo que esperaron para realizarla, ya que la asamblea había acordado el 28 de mayo su ejecución…
Más allá de si se trata de un nuevo capítulo en esta interminable teleserie de gallitos políticos, lo que deberíamos preguntarnos es: ¿qué se ha hecho o dejado de hacer para que los SLEP puedan efectivamente cumplir su función y llevar a cabo los valores que los sustentan?
El proceso de desmunicipalización ha ido avanzando. Con conflictos, dificultades y aciertos , pero avanza. Por supuesto que será complejo el traspaso y habrá problemas que requerirán seguir resolviéndose. Es por ello que se torna comprensible que exista temor a que los SLEP se transformen en nuevos sistemas y mecanismos burocráticos de control para las escuelas, más que un apoyo real para su revitalización.
Ante estos temores, surge una pregunta que a nuestro juicio debiera ser el tema de fondo: ¿Qué necesitan y cómo nos hacemos cargo políticamente de la implementación de los SLEP? No podemos esperar que los Servicios Locales funcionen sin una voluntad política real que los impulse, mejore su implementación y se inyecten los recursos que un proceso de esta envergadura requiere. Para que esta inyección al fortalecimiento de la Educación Pública realmente tenga el impacto esperado, aplicar un freno o promover su desaparición no parecen ser las mejores soluciones. Desde luego que ha habido tropiezos y que probablemente los seguirá habiendo, pero boicotear algo que va en una buena dirección, con el espíritu y motivación de potenciar la calidad en la Educación Pública, claramente sería un error.
En tiempos donde Chile y -por supuesto su educación- se reconfigura y repiensa, la manera más productiva para enfrentar este momento histórico no es la de desechar, rechazar y olvidar todo. Muy por el contrario, deberíamos utilizar lo que ha funcionado, pesquisar lo que ha contribuido y que deseamos que permanezca, para proyectar lo que aún falta por mejorar. Solo así podremos seguir avanzando.
Reconstruir y legitimar los procesos que han vuelto a situar a la educación pública en el centro y corazón del proyecto de país que deseamos construir es indispensable. Esta es la invitación, dejar atrás la discusión teñida por mezquindades propias del cálculo de un lado y otro, para encumbrar nuestro debate a un intercambio de ideas sin amenazas ni ninguneos. Solo así se podrá abrir un espacio para ir configurando los SLEP a la medida de los sueños de un país que pensó que la educación pública debía ser fortalecida, para brindar verdaderas oportunidades de desarrollo a todos nuestros niños y niñas.
