Señor director:
El trágico accidente que afectó a la lancha Bruma en la costa de Coronel, con siete tripulantes aún desaparecidos, no puede ser abordado únicamente desde una perspectiva técnica o empresarial.
Es urgente preguntarse también por el rol del Estado, particularmente el de la Armada de Chile, en su deber de fiscalizar y garantizar la seguridad de la navegación.
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¿Quién vigila realmente nuestras costas, canales y zonas de extracción?
¿Existe un control efectivo sobre las embarcaciones que operan día y noche en áreas pesqueras donde conviven naves artesanales con buques industriales? ¿Contamos con un sistema de identificación en tiempo real que permita saber quién está navegando, ¿dónde, y en qué condiciones?
Estas preguntas no son retóricas. Son el reflejo de una inquietud creciente entre quienes viven del mar y observan con impotencia cómo la desigualdad de condiciones en el mar puede terminar en tragedia. Si la lancha Bruma fue impactada por el Cobra, como sugieren los peritajes en curso, entonces es justo preguntarse: ¿se cumplían las normas de navegación?
¿Había vigilancia en la zona? ¿La Armada había sido advertida de prácticas riesgosas previas?
Las autoridades deben responder no solo con operativos post-tragedia, sino con transparencia y responsabilidad sobre su rol preventivo. La tecnología existe: posicionamiento satelital, trazabilidad de rutas, identificación AIS.
¿Se están usando de manera efectiva?
Por respeto a las víctimas, a sus familias, y a todos los trabajadores del mar, exigimos una investigación profunda que no solo busque culpables, sino que revise críticamente el sistema completo de vigilancia marítima en Chile.
Rodrigo Araya Attoni
Talca
