SAN JAVIER.- Tras una extensa audiencia de formalización de nueve horas, el tribunal acogió en su totalidad la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para diez personas —siete hombres y tres mujeres— imputadas por integrar una asociación criminal dedicada a cometer diversos delitos de corrupción en la Región del Maule.
El caso tuvo su origen en 2024, cuando una municipalidad detectó irregularidades internas e inició una alerta sobre posibles ilícitos cometidos por empleados públicos. Las pesquisas posteriores, lideradas por la Fiscalía de San Javier junto a la Policía de Investigaciones (PDI), revelaron una red articulada entre una empresa constructora y funcionarios de los municipios de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier, sumados a dos integrantes del Gobierno Regional del Maule de la época.
Pérdidas millonarias al erario público
De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el perjuicio fiscal acumulado alcanza un monto aproximado de $3.000 millones, a los que se añaden al menos $316 millones vinculados directamente al pago de sobornos e ilícitos asociados.
El Fiscal Regional del Maule, Rodrigo Peña, enfatizó la gravedad de la estructura descubierta:
“Hemos llevado a cabo un procedimiento que viene desarrollándose desde octubre del año 2024, donde se ven, lamentablemente, involucradas personas que pertenecen a la administración pública y empresas privadas en una causa en la que existe una asociación criminal dedicada a defraudar al Estado (…). Queremos dejar claro a la ciudadanía que vamos a utilizar todos los medios a disposición para evitar que este tipo de delitos sigan ocurriendo, sea quien sea la persona involucrada.”
Por su parte, el fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, valoró el trabajo técnico desarrollado para sustentar las imputaciones en tribunales:
“Se han utilizado todos los recursos de la fiscalía y unidades especializadas para trabajar mancomunadamente con la Brigada de Delitos Económicos y recopilar evidencia contundente. El tribunal dio por establecidos todos los delitos de cohecho y gran parte de los fraudes al fisco, lo que permitió decretar la prisión preventiva de la totalidad de los presentados.”
Modus operandi y megaoperativo policial
Para concretar las detenciones, la PDI desplegó a cerca de 70 detectives en un operativo coordinado que incluyó la ejecución de 13 órdenes de entrada y registro. Entre los diez formalizados se encuentran tres empresarios privados y siete funcionarios públicos de distintas municipalidades de la zona.
El Prefecto Inspector Luis Salazar, jefe de la Región Policial del Maule, detalló la complejidad de las manionbras financieras empleadas por la organización:
“Se están investigando delitos como malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y privados, y lavado de activos. Hay facturas manipuladas y cobradas a través de empresas de factoring. Tras las incautaciones de aparatos electrónicos, las unidades especializadas continuarán con los peritajes correspondientes.”
Investigación en curso
Las diligencias judiciales se mantienen abiertas y no se descartan nuevas formalizaciones. Actualmente, la Policía de Investigaciones mantiene órdenes de detención pendientes contra otras tres personas vinculadas a este fraude sistemático a la fe pública.
