El Gobierno ingresó formalmente al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027, la primera hoja de ruta financiera de la administración.
A través de una cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast presentó los alineamientos de la propuesta, la cual contempla un incremento global del gasto del 1,5% en comparación con el año en curso —superando las proyecciones iniciales de entre 0% y 1%— financiado bajo un estricto compromiso de cumplimiento del déficit fiscal.
El diseño presupuestario responde a un cambio de paradigma en la administración de las arcas públicas, orientado a frenar el endeudamiento de la última década —que en 2026 destinó un 5,3% del erario solo al pago de intereses— y a evaluar el impacto real del gasto estatal mediante la revisión de 632 programas en 23 ministerios.
Los cuatro ejes estratégicos del erario nacional
El proyecto redistribuye los recursos del Estado organizando la asignación presupuestaria en cuatro prioridades inmediatas:
1. Crecimiento, Trabajo y Reconstrucción ($9,5 billones | +8,1%)
Con el objetivo de reactivar el empleo —que afecta a cerca de 980 mil personas— y reparar los daños por catástrofes en regiones como Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble y Valparaíso:
* Plan Chile Despega: Asignación de $1,3 billones para sostener la creación de más de 100 mil puestos de trabajo.
* Cartera Extraordinaria de Infraestructura: Adelantamiento a enero de 241 obras públicas regionales de mano de obra intensiva.
* Fondo de Reconstrucción Norte: Más de $500 mil millones para zonas afectadas por catástrofes y creación del fondo especial para Atacama y Coquimbo.
* Vivienda y Pymes: Primer año del Plan Habitacional con más de 166 mil subsidios y un incremento del 23,5% en los recursos de Sercotec.
2. Seguridad Pública ($7 billones | +9,1%)
Orientado al combate contra el crimen organizado y la delincuencia mediante la inyección directa a las instituciones del orden:
* Carabineros y PDI: Financiamiento para formación de más de 3.200 nuevos alumnos en Carabineros, equipamiento, 5 nuevos cuarteles y duplicación de recursos para equipos de la PDI contra el crimen organizado en barrios.
* Control Carcelario y Migratorio: Aumento de casi 18% para Gendarmería (Plan de Infraestructura Carcelaria), incremento de un tercio en el presupuesto del Servicio de Migraciones para la ejecución de expulsiones y puesta en marcha de la nueva Fiscalía Supraterritorial.
3. Protección Integral a la Niñez ($2,5 billones | +4,1%)
Enfocado en la atención temprana y la erradicación de las listas de espera en vulneración de derechos:
* Programas de Reparación: Aumento del 19,3% en programas para niños víctimas de abuso o maltrato grave y un +24,1% para intervenciones familiares.
* Inclusión: Crecimiento del 165% en el fondo de apoyo al desarrollo infantil de alto riesgo y duplicación de ayudas técnicas para niños con discapacidad.
4. Cobertura Social, Educación y Eficiencia en Salud
Protección de los derechos adquiridos garantizando la continuidad de las asignaciones sociales, acompañada de auditorías cruzadas para asegurar que los aportes lleguen a sus beneficiarios:
* Pensiones y Educación: $7 billones asegurados para la Pensión Garantizada Universal (PGU) beneficiando a más de 2,2 millones de adultos mayores. En Educación se destinan $17,3 billones para sostener a 3,5 millones de estudiantes, gratuidad superior para 600 mil jóvenes y alimentación escolar a 1,8 millones de niños.
* Red de Salud (+4,7%): Mayor financiamiento por per cápita en atención primaria (Cesfam y consultorios), compra eficiente a través de Fonasa, implementación de una canasta esencial de medicamentos y uso de Inteligencia Artificial para el ordenamiento de listas de espera según gravedad.
Eficiencia del gasto e itinerario legislativo
Junto con las partidas de inversión, la propuesta contempla medidas de austeridad interna e ingeniería de procesos, orientadas a generar ahorros mediante la corrección de sobreprecios en el Convenio Marco (donde se detectaron desfases de más de $8.000 millones) y la renegociación de arriendos de inmuebles fiscales, con una meta de ahorro anual proyectada de hasta $5.000 millones.
Tras la entrega oficial del proyecto, el Congreso Nacional dispone de 60 días para la discusión, análisis y aprobación de la Ley de Presupuestos 2027.
