Tal como lo habían anunciado durante la semana, legisladores de todas las bancadas de la oposición presentaron una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, por vulneraciones a la carta fundamental.
El libelo acusatorio está compuesto por tres capítulos; el orden público y las medidas que se han adoptado en este sentido; el principio de igualdad ante la ley debido al tratamiento diferenciado dado a la movilización de los camioneros, frente a otras movilizaciones sociales; y el ámbito de control jerárquico que le corresponde al secretario de Estado, respecto del accionar de Carabineros de Chile.
En este punto, según explicó la diputada Camila Rojas (COMUNES), impulsora del libelo, se hace referencia a la situación del “joven que recibió un empujón en el puente Pio Nono y las órdenes que se le dan a carabineros respecto de cómo manejar las movilizaciones en el país”.
El documento fue suscrito, además, por las y los diputados Gabriel Ascencio y Víctor Torres (DC), Gabriel Boric (PCS), Jorge Brito (RD), Carmen Hertz (PC), Tomás Hirsch(IND), Rodrigo González (PPD), Pamela Jiles (PH), Jaime Naranjo y Luis Rocafull (PS), René Saffirio (IND) y Alejandra Sepúlveda (FRSV).
En la ocasión, los firmantes agregaron que no hay un capítulo expreso sobre la violencia en La Araucanía, punto que sin perjuicio de lo anterior, está incluido como un párrafo dentro del texto.
Lo que corresponde ahora es que en la próxima sesión de Sala, en conformidad a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, se dé cuenta de la presentación de esta acusación. Tras ello, se procederá a sortear a los cinco legisladores que integrarán la comisión que estará encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación.
Tras dicho acto, comienza a regir el plazo de tres días para notificar, personalmente o por cédula, al acusado. A partir de lo anterior, el ministro Pérez tendrá un plazo de diez días para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.
La instancia, a su vez, desde el momento de dicha comparecencia, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación, la cual se votaría durante la primera semana de noviembre.
Cabe mencionar que las acusaciones constitucionales tienen su base normativa en la Constitución Política (artículo 52), en la Ley Orgánica del Congreso Nacional (Título IV) y en el Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados (Título VI).
