El Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas informan la postergación del Censo de Población y Vivienda previsto para 2023, para el primer semestre de 2024 (marzo-junio).
La postergación de este Censo de derecho obedece a razones técnicas derivadas en gran parte por la situación sanitaria del país en relación con la pandemia del COVID, que no ha permitido realizar un plan de pruebas exhaustivo para garantizar un buen proceso de implementación del levantamiento del Censo.
El Censo de Población y Vivienda es una tarea país, que entrega información relevante sobre la cantidad de personas que habitan nuestro territorio y su caracterización. Éste requiere de un trabajo de diseño, preparación y testeo para reducir al mínimo eventuales inconvenientes de la labor de implementación del trabajo de campo, con el objeto de asegurar la máxima calidad y confiabilidad a los datos que perdurarán hasta el próximo Censo; datos que son fundamentales para la adecuada toma de decisiones, tanto en el ámbito de las políticas públicas como para decisiones del ámbito privado. El Censo precisa de la participación y colaboración de todas y todos: sociedad civil, instituciones públicas, sector privado y la ciudadanía.
La decisión de postergar el Censo de Población y Vivienda para el primer semestre de 2024 fue respaldada de manera unánime por las y los integrantes del Comité Asesor para el Censo, quienes se reunieron con el INE y el Ministerio de Economía el 23 de mayo. Esta visión del Comité ya había sido planteada en su reunión del 26 de abril, cuando tal consejo recomendó la necesidad de aplazar el levantamiento dado que no era factible su aplicación en abril-junio de 2023.
Respecto de las necesidades estadísticas que tiene hoy nuestro país, el Censo abreviado realizado en 2017 permite cubrir adecuadamente los requerimientos de información actuales para la toma de decisiones oportunas y pertinentes en el ámbito de las políticas públicas hasta el año 2025; momento en que se conocerán los resultados del Censo 2024.
Adicionalmente, como Gobierno estamos comprometidos en avanzar en la tramitación de la ley que cambia la institucionalidad del INE.
Estos cambios buscan fortalecer al INE y respaldar la importante labor estadística que realiza. Esta nueva institucionalidad permitirá al organismo tener acceso en el futuro a mejores fuentes de información y datos administrativos para realizar su labor y dará una mayor autonomía política y capacidad técnica a nuestro sistema estadístico.
