Preocupación y rechazo manifestaron parlamentarios de la Región del Maule luego de conocerse la decisión adoptada por Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia de cerrar el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Chanco, medida que fue comunicada administrativamente durante los últimos días y que contempla el traslado de los 17 internos actualmente recluidos en el recinto.
La senadora Andrea Balladares cuestionó la forma en que se adoptó la decisión y llamó a las autoridades a reconsiderar la medida.
“Quiero expresar nuestra preocupación, pero también nuestro rechazo a esta decisión. No es aceptable que una medida de esta magnitud se adopte sin informar a las autoridades de la región, sin dialogar con la comunidad y sin entregar una explicación clara de sus fundamentos. Lo que corresponde en una materia tan sensible es transparencia, participación y una evaluación seria de sus consecuencias, no decisiones adoptadas de manera unilateral que terminan con la región enterándose a última hora”, señaló.
La parlamentaria agregó que el cierre genera dudas no sólo para la comunidad, sino también respecto de la estrategia penitenciaria que está impulsando el Estado.
“Chile enfrenta una crisis carcelaria evidente, con recintos sobrepoblados, déficit de infraestructura y una creciente presión sobre el sistema penitenciario. Por eso no sólo nos preocupa, sino que rechazamos una decisión que elimina capacidad penitenciaria en la región sin que se hayan explicado adecuadamente sus fundamentos. Más aún cuando el recinto de Chanco tiene potencial para cumplir un rol importante en materia de reinserción social y recepción de internos de baja peligrosidad”, afirmó.
Balladares también manifestó su preocupación por la incertidumbre que enfrentan los funcionarios del recinto.
“Hasta ahora no existe claridad sobre el futuro de los funcionarios que trabajan en esta unidad penal, sus destinaciones o las condiciones en que enfrentarán este proceso. Detrás de cada decisión administrativa hay personas y familias que merecen certezas. Esperamos que Gendarmería entregue respuestas concretas a la brevedad”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Daniel Bustos indicó que, tras conocerse la noticia, tomó contacto con parlamentarios de distintos sectores políticos de la región, quienes comparten la preocupación por el cierre del recinto.
“He recibido llamados de funcionarios de Gendarmería y de vecinos de Chanco que nos han manifestado su molestia por una decisión que nadie les explicó. La comunidad siente que nuevamente se está resolviendo desde Santiago una materia que impacta directamente a la comuna sin escuchar a quienes viven en el territorio”, sostuvo.
El legislador destacó además que el recinto ha cumplido históricamente un rol distinto al de otras unidades penales del país.
“El CDP de Chanco alberga internos de baja peligrosidad y durante años ha sido un ejemplo de reinserción social. Incluso podría transformarse en una alternativa para recibir población penal de similares características proveniente de recintos cercanos que hoy enfrentan problemas de sobrepoblación. En lugar de cerrar esta cárcel, creemos que el Estado debiera evaluar cómo fortalecer ese modelo”, agregó.
Bustos añadió que el establecimiento también representa un activo importante para la comuna. “La cárcel de Chanco forma parte de la historia local y del patrimonio de la comuna. Su tradicional construcción y su presencia histórica son parte de la identidad de Chanco y del vínculo que la comunidad ha construido con este establecimiento durante décadas”, indicó.
Ambos parlamentarios coincidieron en la necesidad de abrir una instancia de diálogo que permita revisar la decisión y explorar alternativas para el recinto.
Entre ellas, plantearon evaluar la posibilidad de mantener operativo el establecimiento bajo un modelo especializado en reinserción social, destinado a internos de baja peligrosidad, adultos mayores o población penal proveniente de otros recintos que actualmente enfrentan problemas de sobrepoblación.
Finalmente, hicieron un llamado al Ministerio de Justicia y a Gendarmería de Chile a reconsiderar la medida y a abrir una mesa de trabajo con las autoridades regionales, los funcionarios y la comunidad.
“Lo mínimo que espera la Región del Maule es ser escuchada antes de adoptar una decisión que impacta directamente a una comuna y que además abre legítimas interrogantes sobre la política penitenciaria que el Estado pretende desarrollar en el futuro”, concluyeron.
