El proyecto de ley que busca restringir el uso de la Unidad de Fomento (UF) en contratos y servicios esenciales —como arriendos, créditos hipotecarios, isapres y honorarios— ha generado un amplio debate. La propuesta busca proteger a los consumidores del efecto inflacionario que se traspasa automáticamente a precios y servicios indexados en UF.
“Si bien el objetivo social es legítimo, la medida requiere una implementación técnicamente responsable. La UF fue creada en 1967 para preservar el poder adquisitivo, especialmente en contratos de largo plazo. Su utilización ha permitido estabilidad financiera y previsibilidad tanto para deudores como acreedores. Sin embargo, su masificación ha generado efectos adversos, especialmente cuando los ingresos no se reajustan al mismo ritmo que los compromisos adquiridos”, especifica Camila Castro, Directora de la Carrera de Contador Auditor del Camus Online de UDLA.
La profesional aclara que, desde la perspectiva contable y financiera, eliminar o limitar bruscamente el uso de la UF puede generar las siguientes consecuencias:
- Incertidumbre en contratos de largo plazo, al poner fin a un mecanismo de ajuste frente a la inflación.
- Impacto en los sistemas contables, que deberán adaptarse para reflejar nuevas formas de valorización en pesos constantes.
- Aumento de costos operativos, producto de la modificación de contratos, plataformas de facturación y registros contables.
- Segmentación de mercado, donde solo algunos accederán a condiciones estables si la UF queda restringida a ciertos sectores.
“En vez de una prohibición total, se podría avanzar hacia un uso más regulado. Por ejemplo, establecer topes al reajuste en UF en servicios esenciales, o permitir su uso solo en contratos mayores a cierto monto. También es necesario un calendario gradual de transición con participación activa de expertos, colegios profesionales, entidades financieras y representantes de consumidores”, señala la académica de Universidad de Las Américas.
Además, añade que “es fundamental recordar que la Unidad de Fomento no es el problema en sí, sino su uso indiscriminado sin considerar la realidad de los ingresos de las personas. Limitarla puede ser un paso positivo, pero solo si se hace con mirada sistémica y responsabilidad técnica. Cualquier cambio debe resguardar la transparencia contable, la certeza jurídica y estabilidad a largo plazo”.
En esta línea, la experta propone abordar el desafío a través de una estrategia basada en reglas claras, participación transversal y foco en los efectos reales sobre familias, empresas e instituciones. Lo anterior, con el objetivo de avanzar hacia un sistema financiero más justo, sin comprometer su integridad y equilibrio.
