Con el objetivo de conocer en terreno el funcionamiento del nuevo modelo de reinserción y reforzar el trabajo coordinado entre instituciones, se llevó a cabo una reunión entre jueces del Juzgado de Garantía de Curicó y el equipo directivo y técnico del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en la región del Maule.
Durante la visita, realizada en el Centro de Internación Provisoria e Internación en Régimen Cerrado (IP-IRC) de Talca, se abordaron los principales desafíos del proceso de implementación del servicio y se destacaron los avances en materia de intervención con adolescentes y jóvenes que han infringido la ley o están siendo investigados por delitos.
Cabe recordar que el Servicio de Reinserción Social Juvenil comenzó su funcionamiento el 13 de enero de 2025 en la región del Maule y en toda la Macrozona Sur, con el mandato de desarrollar una política pública especializada que garantice un enfoque de derechos y propicie una efectiva integración social.
La visita también incluyó un recorrido por las instalaciones del centro, donde los magistrados pudieron conocer de cerca las condiciones en que se desarrolla el proceso de reinserción. Recorrieron las casas, talleres, escuela, enfermería y otros espacios, dialogando con los propios jóvenes que hoy forman parte del sistema.
El encuentro fue clave para afianzar el compromiso institucional y coordinar acciones que fortalezcan las intervenciones, desde una lógica articulada y con foco en la restitución de derechos y la prevención de la reincidencia.
Especialización
“Posicionarse como una institución especializada en la reinserción social de jóvenes que han cometido infracciones de ley, implica una mayor preparación técnica no solo para este Servicio, sino también para jueces, fiscales y defensores. Por esto, actualmente se toma en cuenta el origen territorial de las y los jóvenes como un dato relevante para la aplicación de su sanción o medida”, explicó la directora regional del Servicio de Reinserción María Belén Aguilera.
También, la autoridad regional profundizó: “De este modo, el Juzgado de Garantía encargado del seguimiento de la sanción o medida aplicada, ahora corresponde al lugar de domicilio del joven o adolescente y no al lugar donde se encuentra cumpliendo, lo que permite a la magistratura tener un conocimiento de la realidad territorial del o la joven que cometió la infracción, priorizar criterios y siempre poner como objetivo superior la reinserción social”, cerró.
Sanción como oportunidad
En tanto Jorge Valenzuela Navarro, Juez de Garantía del Tribunal de Curicó, señaló que él junto a los cuatro jueces del Tribunal quedaron sorprendidos por la infraestructura, seguridad y “la preocupación por los jóvenes, hecho que a uno como juez lo gratifica, toda vez que cuando el joven es enviado a prisión preventiva o por sentencia, se está enviando a un lugar en el que se preocupan de reinsertarlo en nuestra sociedad y eso para un juez es un gratificante, porque ya no ve esa sanción como un castigo, sino como una oportunidad”.
Finalmente, resaltó la importancia de establecer lazos como estos, que “agilizan los procedimientos, conoces a las otras personas, sabes qué labor desempeñan y eso va en bien del tiempo que se ocupa, menos burocracia y mejor para todos”, concluyó.
