La prevención del lavado de activos y las normas contra el terrorismo y la corrupción son cruciales en América Latina debido a la profunda influencia que estos delitos tienen en la estabilidad económica y social de la región.
“El lavado de dinero facilita la operación de organizaciones criminales, incrementando la violencia y la inseguridad, socavando la confianza en las instituciones y desincentivando la inversión extranjera. Podemos ver que las asociaciones criminales están innovando y colaborando entre sí para el lavado de activos. Normativas robustas no solo buscan identificar y sancionar estas prácticas, sino que también promueven la transparencia y la responsabilidad en los sectores público y privado”, explica Martín Jofré, cofundador del exchange de criptomonedas tales como Bitcoin, Ethereum y Solana entre otras más de 50 alternativas, CryptoMKT.
En Latinoamérica, países como México, Colombia y Brasil han implementado marcos regulatorios estrictos. Sin embargo, la efectividad de estos depende de la cooperación internacional, la voluntad política y la capacidad institucional. Los actores privados y públicos deben trabajar colaborativamente para avanzar de manera más eficiente. La corrupción erosiona la eficiencia gubernamental y perpetúa la desigualdad, debilitando los sistemas democráticos.
La CEO de CryptoMKT, María Fernanda Juppet, afirma que “el incremento en la visibilización de ilícitos relacionados con delitos económicos y lavado de activos refleja un avance significativo en nuestro sistema regulatorio e institucional. En términos simples, no es que ahora ocurran más ilícitos, sino que esos hechos se están haciendo más visibles gracias al aumento de la esfera pública y las herramientas pro transparencia. Tras los cambios legislativos implementados el año pasado, que fortalecieron las medidas de prevención y detección, se ha logrado identificar y denunciar situaciones que anteriormente pasaban desapercibidas”, explica la también abogada y doctora en Administración de Empresas.
Juppet agrega que “este aumento en los indicadores de delitos no debe interpretarse como un deterioro de la seguridad, sino como evidencia de que las nuevas normativas están funcionando y que las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento están operando de manera más efectiva. La capacidad de detectar y reportar estos ilícitos es una muestra de la transparencia y el fortalecimiento del estado de derecho, promoviendo un entorno menos tolerante con la corrupción y más propicio para la justicia”, enfatizó la profesional.
Así, la mayor visibilización de los ilícitos es un indicio positivo de que las reformas están surtiendo efecto. Esto demuestra que el sistema no solo se ha adaptado a las nuevas exigencias, sino que también está logrando su propósito de combatir y prevenir actividades ilícitas de manera más eficiente y rigurosa.
“Ciertamente, el aumento de la corrupción en Chile no es una buena noticia, pero a nivel institucional vamos por un buen camino. No nos estamos quedando solo en anuncios, sino que estamos implementando y concretando acciones que desincentivan este tipo de conductas”, concluyó Martín Jofré.
