El Consejo para la Transparencia realizó una fiscalización extraordinaria a las compras y contrataciones efectuadas por municipalidades durante 2024 mediante trato directo bajo la causal de “emergencia, urgencia o imprevisto”, detectando 8.731 órdenes de compra por un monto total superior a los $210 mil millones, correspondientes a 325 municipios del país, que registraron este tipo de contrataciones en el período analizado.
El informe del CPLT analizó información disponible en el Sistema de Compras Públicas (Mercado Público) correspondiente a la materia “adquisiciones y contrataciones” de los sitios de transparencia activa de las referidas municipalidades. La investigación buscó evaluar el nivel de transparencia y acceso a la información respecto de este tipo de contrataciones, considerando que se trata de una modalidad excepcional para atender necesidades públicas impostergable y debidamente fundada.
Uno de los principales hallazgos fue la alta concentración del gasto: el 66% de los recursos se destinó a servicios asociados a aseo, recolección de residuos, tratamiento de desechos y mantención de áreas verdes, materias que en muchos casos se vinculan con la continuidad de servicios esenciales para la ciudadanía.
La fiscalización también detectó que las 10 órdenes de compra de mayor valor concentraron más de $47 mil millones, equivalentes al 22,5% del gasto total revisado. Todas ellas estuvieron asociadas a servicios de recolección de residuos, barrido y limpieza urbana, mantención de áreas verdes y traslado de residuos. La compra de mayor monto correspondió a la Municipalidad de Rancagua, por más de $9.964 millones, para servicios de recolección de residuos.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “las emergencias requieren respuestas rápidas del Estado, pero esa urgencia no puede transformarse en una zona opaca. Cuando se usan mecanismos excepcionales de contratación dispuestos en la ley, la transparencia debe ser aún más exigente. Ello, porque estamos hablando de cuantiosos recursos públicos, invertidos en servicios de alto impacto para las personas, que son contratados sin la posibilidad de que concurran oferentes en igualdad de condiciones en los términos más convenientes para el Estado”.
El análisis territorial mostró que las regiones con mayor número de órdenes de compra fueron Biobío, con 1.535; Maule, con 1.389; Metropolitana, con 1.127; y Valparaíso, con 1.111. Todas estas zonas enfrentaron durante 2024 emergencias vinculadas a sistemas frontales, incendios forestales o estados de excepción, lo que podría explicar el uso de esta causal para asegurar la continuidad de servicios municipales.
Sin embargo, el CPLT también identificó 85 órdenes de compra por más de $1.577 millones asociadas a producción y ejecución de eventos, incluyendo amplificación, iluminación, catering, alojamiento y honorarios de artistas para festivales, celebraciones, ceremonias y otras actividades municipales.
Adicionalmente, el CPLT llevó a cabo la revisión de una muestra de 56 órdenes de compra y sus respectivas resoluciones asociadas, que evidenció que en el 89% de los casos existía una resolución fundada que autorizaba el trato directo y esta se encontraba disponible en el Sistema de Compras Públicas, conforme lo exige la ley. No obstante, el informe también advierte que los fundamentos contenidos en dichas resoluciones y que motivaron estas contrataciones se relacionaron principalmente con licitaciones fallidas y retrasos o dificultades en procesos de contratación, por ejemplo, por observaciones de la Contraloría. En menor medida, se debió a situaciones como urgencias sanitarias, imprevistos asociados al transporte escolar, o falta de acuerdo del Concejo Municipal, entre otros fundamentos.
González agregó que “El control ciudadano de información especialmente sensible para la ciudadanía, como lo es la contratación pública directa por causal de emergencia, debería ser cada vez más sencillo. Ello se hará posible, a través de un doble proceso que el Consejo está impulsando: por una parte, avanzar en nuestra propuesta de Nueva Ley de Transparencia para Chile, que fortalece la transparencia activa y fomenta la publicación de información en formatos abiertos y reutilizables. Por la otra, la gradual incorporación de tecnología e inteligencia artificial en materia de transparencia, que es el único camino y no tiene retorno”.
