En el marco del rol preventivo ante emergencias que faculta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el seremi Pablo Olivares, ofició a todas las Secretarías Regionales Ministeriales y municipios de la Región del Maule para solicitar la actualización y aumento de la dotación de funcionarios acreditados en la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
Junto con esto, las acciones no se hicieron esperar. Durante el martes 26 y miércoles 27 de mayo se realizaron capacitaciones preventivas en las cuatro provincias de la región, con el objetivo de reforzar conocimientos en funcionarios públicos para la aplicación de este importante instrumento de catastro en contextos de emergencia.
El seremi Pablo Olivares destacó la importancia de realizar jornadas que convoquen a la mayor cantidad de funcionarios, especialmente provenientes de los 30 municipios del Maule: “Entendemos la relevancia de anticiparnos frente a fenómenos de riesgo, fenómenos meteorológicos y distintas emergencias. Para ello, nuestros aliados estratégicos son los municipios, por lo que como Ministerio de Desarrollo Social tenemos la labor de capacitarlos y reforzar sus capacidades para que los apoyos del Estado lleguen a tiempo a las familias maulinas”.
En Curicó, Linares y Cauquenes, la instancia tuvo lugar en dependencias de las delegaciones presidenciales provinciales, mientras que en Talca se contó con la colaboración del Gobierno Regional del Maule, utilizando el salón principal para desarrollar la capacitación.
La jornada estuvo a cargo de la encargada regional de Emergencias de la Seremi, Isabel Retamal, quien capacitó a los profesionales en inducción al Sistema de Información Social en Emergencias, entregando conocimientos en primeros auxilios psicológicos, llenado de la FIBE, apreciación de daños y afectación, además de la validez legal del instrumento.
La Ficha Básica de Emergencia (FIBE) es una herramienta de caracterización socioeconómica que se aplica en terreno cuando un hogar ha sido afectado por una emergencia, desastre o catástrofe. Su objetivo es permitir el catastro e identificación de daños en viviendas y bienes, así como también levantar las necesidades mínimas requeridas para superar la situación.
El llamado final de la autoridad fue a que las instituciones públicas en la región fomenten la acreditación de sus funcionarios, con el fin de aumentar la dotación de encuestadores que actualmente llega a los 1067 acreditados, para dar una oportuna respuesta a la ciudadanía en caso de que sea necesario.
