¿Están las empresas agrícolas exportadoras en regla o en deuda con la sostenibilidad? La respuesta parece inclinarse hacia una deuda creciente. Europa ya no exige solo calidad e inocuidad: exige también trazabilidad, transparencia y evidencia concreta de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena productiva.
El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta con la que la Unión Europea busca transformar su economía para hacerla más sostenible, reducir su impacto ambiental y alinear producción, consumo y financiamiento con metas climáticas. En ese marco surge la estrategia “Farm to Fork”, uno de sus pilares, que apunta a un sistema alimentario más saludable, justo y sostenible.
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Para 2030 plantea reducir en 50% el uso de pesticidas químicos y antimicrobianos, disminuir en 20% los fertilizantes y ampliar la producción orgánica hasta que el 25% de la superficie agrícola de la UE sea ecológica, y exigir mayor transparencia en toda la cadena alimentaria.
Todo ello obliga a los exportadores chilenos a adaptarse a estándares cada vez más estrictos en sostenibilidad, métodos de producción e información al consumidor.
A ello se suma el Reglamento de Cero Deforestación (EUDR), que para el caso chileno impacta directamente y de manera crítica a las cadenas bovina y forestal. Esta normativa exige demostrar con geolocalización poligonal precisa que los productos no provienen de tierras deforestadas o degradadas.
Pero la presión regulatoria no termina en el predio: también alcanza la trazabilidad completa del producto, es decir, la capacidad de seguir y demostrar su recorrido desde el campo hasta el consumidor final mediante registros auditables sobre origen, uso de insumos, cosecha, empaque, transporte y exportación.
En esa cadena, los envases y el etiquetado dejan de ser un detalle logístico para transformarse en parte de la prueba. En otras palabras, para competir en Europa ya no basta con producir bien; también hay que demostrar, en cada etapa y con datos exactos, que se produce de manera responsable.
Y aunque Chile ha dado señales de avance, todavía no puede decirse que esté plenamente al día. La propia Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), mediante la presentación del primer diagnóstico técnico estratégico sobre el impacto del EUDR, identificó brechas estructurales. Hay un avance institucional, pero también un reconocimiento oficial de que la adaptación sigue en construcción: la información estatal hoy opera en silos sin la interoperabilidad necesaria, y muchos pequeños y medianos productores carecen de la tecnología para trazar geográficamente sus predios bajo el estándar europeo.
Lo mismo ocurre en materia financiera: la CMF ya adoptó las NIIF S1 y S2 mediante la NCG 519 para las empresas fiscalizadas y listadas en bolsa, con aplicación desde este ejercicio 2026, lo que confirma que la presión regulatoria es transversal y que la vara de cumplimiento ya subió.
Chile avanza en materia agrícola y buscamos ser una eco-potencia alimentaria. La reciente conformación de un Comité Técnico Interinstitucional para abordar estos desafíos es un paso en la dirección correcta, pero no basta.
Las empresas necesitan que el apoyo del Estado se traduzca rápidamente en herramientas tecnológicas unificadas y financiamiento concreto para capacitación. El campo en Chile no para, es fundamental cuidarlo y darle las herramientas para competir en las ligas mayores de la sostenibilidad.
Jimena Latrach Siegel / ADD Consulting
Referencias
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). (s. f.). Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. https://www.odepa.gob.cl/
ProChile. (s. f.). ProChile. https://www.prochile.gob.cl/
