Mientras las ventas de motocicletas en la Región del Maule crecieron un 17,1% entre mayo de 2025 y mayo de 2026, Chile cuenta actualmente con apenas dos escuelas certificadas para enseñar a conducirlas. Ambas se encuentran en Santiago, lo que limita el acceso a formación especializada para miles de motociclistas de regiones. Así lo advirtió la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM).
Según cifras del gremio, entre 2018 y 2025 se comercializaron 297.843 motocicletas en el país. El segmento de motos de calle concentró el 87% de las ventas, con 260.435 unidades, reflejando el crecimiento sostenido de este medio de transporte en la movilidad urbana y rural. Sin embargo, ese crecimiento no ha ido acompañado de una infraestructura de formación adecuada. Actualmente, las únicas dos escuelas certificadas para motociclistas se encuentran en Santiago.
Para ANIM, esta situación evidencia una brecha estructural en el sistema de seguridad vial chileno. “La formación de conductores es un elemento central para avanzar en seguridad vial. Hoy existe una demanda creciente por capacitación formal, pero las condiciones regulatorias dificultan la creación de nuevas escuelas especializadas”, señaló el gremio.
Según datos de CONASET, Chile cuenta con más de 650 escuelas de conducción para automóviles, cifra que contrasta con la limitada oferta disponible para quienes buscan aprender a conducir motocicletas de manera profesional y segura.
ANIM sostiene que el proceso de certificación para escuelas de motocicletas presenta exigencias administrativas y operativas que muchas veces no se ajustan a la realidad de este tipo de formación. Entre ellas, requisitos de infraestructura, autorizaciones y seguros que terminan desincentivando nuevos proyectos.
La primera mujer acreditada en Chile como instructora de motos, Alejandra Álvarez, directora de Women Riders Chile -comunidad dedicada a la formación de motociclistas desde 2019-, afirma que el problema no pasa por la falta de interés o capacidades técnicas.
“Existen personas preparadas y con vocación para enseñar correctamente, pero el proceso de certificación es lento, costoso y poco claro. Muchas veces los criterios no son uniformes y los trámites pueden extenderse durante meses”, explica.
Álvarez agrega que la falta de escuelas fuera de Santiago limita seriamente el acceso a formación formal en regiones. “Hoy miles de motociclistas simplemente no tienen alternativas cercanas para capacitarse de manera profesional”, sostiene.
Desde ANIM advierten además inconsistencias regulatorias que dificultan la apertura de nuevos centros. Entre ellas, la exigencia de seguros de responsabilidad civil de hasta 1.000 UF por vehículo, requisito originalmente concebido para licencias profesionales de vehículos de mayor tamaño y no para formación práctica en circuitos cerrados, como ocurre con motocicletas.
José Ignacio Zenteno, director de ANIM, agrega que también existen dificultades respecto de las autorizaciones administrativas requeridas para operar. “En algunos casos, incluso distintas autoridades interpretan de manera diferente sus competencias sobre este tipo de instalaciones, lo que genera incertidumbre y retrasa los procesos”, afirma.
El gremio plantea que avanzar en seguridad vial requiere fortalecer la formación desde el inicio y generar condiciones que permitan ampliar la cobertura de escuelas especializadas en todo el país.
“Si queremos mejorar la seguridad vial de manera sostenible, necesitamos más y mejores espacios de formación. La motocicleta dejó de ser un vehículo de nicho y hoy cumple un rol clave en la movilidad cotidiana de miles de personas, tanto en ciudades como en zonas rurales”, concluye ANIM.
