En un hito legislativo para el desarrollo urbano del país, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de forma unánime el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Planificación Territorial (N°17251-14). Esta iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que inició su tramitación en noviembre de 2024, permitirá que los planes reguladores se elaboren en plazos razonables de manera de responder oportunamente a los desafíos de sus territorios.
La nueva normativa introduce cambios en la gestión urbana, destacando la reducción de los plazos para la elaboración de planes reguladores a un periodo de entre 18 y 24 meses. Esta celeridad permitirá actualizar instrumentos de planificación que hoy se encuentran obsoletos y que actúan como un freno para la inversión y la construcción de viviendas. Asimismo, el proyecto establece reglas claras para todos los actores del sector, fortaleciendo la rendición de cuentas de las autoridades y garantizando una gestión transparente y eficiente.
“Creo que el sistema de planificación chileno requiere muchas modificaciones. Aquí se han aprobado un conjunto de mecanismos, instrumentos y procedimientos para hacer más expeditos los procesos, para llegar a resultados más rápidos, para tener planes más cercanos a lo que es la realidad y no llegar tan tarde. Y junto con eso se mantienen lo que son las orientaciones fundamentales para tener ciudades más equilibradas, ciudades más justas. Estos son instrumentos para tener más capacidad de influir en los procesos reales, en los procesos de las ciudades y en ese sentido es un paso muy significativo”, dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tras la votación.
El nuevo marco legal ofrecerá mayores certezas para el desarrollo urbano, permitiendo además establecer densidades mínimas en zonas estratégicas que cuenten con acceso a transporte y servicios. El objetivo central es evitar el crecimiento segregado en la periferia y asegurar que las familias vivan en entornos conectados y con calidad de vida.
Por otra parte, la ley amplía las herramientas de gestión urbana para el desarrollo urbano. Por ejemplo, la ley consolida los mecanismos de asociatividad entre el Serviu y entidades públicas o privadas, uniendo esfuerzos para enfrentar de manera el déficit habitacional del país mediante proyectos de gran escala, la habilitación normativa o los planes de remodelación.
La futura ley, además, incorpora programas obligatorios de capacitación para concejales y consejeros regionales. Al fortalecer las capacidades técnicas en los territorios y exigir una actualización constante de los planes, el Estado garantiza que el derecho a vivir mejor se sustente en una planificación urbana moderna y con certezas para todos los ciudadanos.
