CAUQUENES.- Un conflicto de larga data volvió a escalar en Cauquenes, luego que la municipalidad intentara ejecutar una orden de desalojo, acusando a una empresa privada de ocupación ilegal.
El operativo, que emprendieron hace una semana Carabineros y funcionarios municipales, afectó un terreno de la Sociedad Agrícola Reyes Hernández Limitada, que el municipio considera como área verde de uso público.
“La municipalidad vino a ejercer una orden de desalojo en contra de nuestra propiedad y trató de ejecutarla causando daños en los cercos y el acceso. Todo esto se funda en un error de planimetría que se arrastra desde el año 2005 y que fue desmentido en su momento tanto por el Serviu como por la Seremi de Vivienda y Urbanismo”, señaló Edgardo Reyes, representante de la sociedad.
“El área verde existe, pero no está ubicada dentro de nuestra propiedad. Está más hacia el poniente, con la misma superficie que exige el municipio. A pesar de eso, han insistido en abrir nuestros cercos”, reclamó.
Reyes indicó que el retazo de aproximadamente 450 metros cuadrados, ubicado en la Villa Los Troncos, forma parte del Fundo Retulemu que aparece claramente delimitado en un título de dominio con sus 107,12 hectáreas. “Esta es una propiedad con más de 70 años en nuestra familia. Somos agricultores y queremos mantenernos en ese rubro”, afirmó.
“El área verde existe”
El abogado de la sociedad agrícola, Matías Villegas, explicó que la máxima autoridad regional de Vivienda informó incluso los mecanismos legales a la municipalidad, para corregir las equivocaciones. “La SEREMI instruyó al director de Obras a rectificar el plano del 2005 por contener errores evidentes. El problema es que el director acató solo parcialmente: aprobó un plano de subdivisión, pero no corrigió el catastro ni el error original, lo que mantiene vivo el conflicto”, precisó.
“No entendemos la postura del municipio -añadió-. Saben dónde está el área verde, pueden tomar posesión de ella porque está libre, pero aun así insisten en un terreno que ya se demostró que pertenece a un particular”.
Si bien Reyes restituyó la valla que delimita la propiedad, teme que la municipalidad regrese con otra orden de desalojo o demolición.
“Existe el temor real de que vuelvan a botar el cerco, pero nosotros vamos a proteger nuestro derecho. Aquí podría configurarse el delito de prevaricación, porque las autoridades conocen los informes técnicos y las resoluciones existentes y, aun así, las ignoran sin una fundamentación sólida”, recalcó.
