SANTIAGO. – Una ley mordaza en pleno siglo XXI. Así calificó el Colegio de Periodistas de Chile la moción impulsada por senadores de distintos partidos, que pretende endurecer las sanciones por la divulgación de antecedentes de causas penales, sin dejar claro quiénes serían los sujetos activos del delito que se busca condenar.
Esta ambigüedad, señaló Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas en la Comisión de Constitución del Senado, se traduce en una amenaza directa a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada, situaciones que van contra el estándar internacional en derechos humanos.
“El proyecto no apunta al verdadero problema, que es la incapacidad del Estado, particularmente del Ministerio Público y del Poder Judicial, para resguardar de forma adecuada los antecedentes bajo su custodia. En vez de fortalecer los controles internos, se pretende disparar contra los mensajeros”, criticó la dirigenta.
El Colegio de Periodistas de Chile ha sido enfático en exigir que el texto legal especifique de manera clara y restrictiva quiénes son los responsables de las filtraciones, dejando fuera de su articulado a periodistas.
“Nuestro Consejo Nacional se ha declarado en alerta máxima. No aceptaremos que se establezcan normas que sancionen la difusión de información de interés público ni se limite el rol fiscalizador de la prensa. Este proyecto, tal como está redactado, sienta las bases para una nueva forma de censura previa”, advirtió Alorda.
En esa dirección, la presidenta de la Orden señaló que en el marco de un nuevo aniversario de la institución gremial, “el Estado debe apuntar a generar marcos legales y políticas públicas que fomenten el desarrollo del periodismo de manera segura entendiendo el rol fundamental que tiene la profesión para la transparencia pública y el fortalecimiento de la democracia”.
“Es inaceptable que en el contexto del Día de la y el Periodista, estemos debatiendo leyes que buscan silenciar la prensa, en lugar de proteger su labor de interés público. La libertad de informar no es negociable. No permitiremos que desde el Congreso se pretendan poner limitaciones a la posibilidad de investigar a la corrupción y al abuso de poder”, sostuvo el presidente del Consejo Metropolitano de la orden, Rodrigo Mundaca.
La agrupación llamó a la ciudadanía, a medios de comunicación y parlamentarios comprometidos con los derechos humanos a rechazar “este retroceso legal y defender con firmeza la libertad de prensa como piedra angular de toda democracia”, concluyó Mundaca.
La iniciativa —presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS)— ha sido bautizada por los medios de comunicación como Ley Mordaza 2.0, por sus efectos potencialmente regresivos en materia de libertad de expresión.
