La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la administración de los recursos de la subvención Pro-Retención por parte del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Linares, ordenando la instrucción de sumarios administrativos y la restitución de cuantiosos recursos fiscales.
Se trata de un beneficio estatal que se entrega a sostenedores de colegios subvencionados para evitar la deserción escolar, por lo que representa un beneficio social relevante y que afecta a dos áreas de especial preocupación para la CGR este año: la infancia y la correcta entrega de beneficios sociales.
Así, tras un examen de cuentas efectuado al período 2021-2024, se verificó que 439 tarjetas gift card destinadas a la compra de vestuario y calzado para estudiantes beneficiarios de la subvención Pro-Retención vencieron sin ser utilizadas, por un monto total de $89.529.138. Asimismo, se constató que el DAEM no realizó las gestiones necesarias para recuperar esos recursos, pese a que estaban destinados directamente al apoyo de alumnos en situación de vulnerabilidad.
Debido a esta situación, la CGR formuló un reparo por la totalidad de los fondos comprometidos para su restitución al fisco.
Además, el Informe Final N° 42 de 2026 reveló que la Municipalidad de Linares adquirió 3.576 gift cards entre 2022 y 2024 por un total de $650.694.641, sin que existan antecedentes suficientes que acrediten su entrega efectiva a los estudiantes ni la recepción conforme de dichos beneficios.
La fiscalización también estableció que 281 estudiantes beneficiarios de los periodos 2021 y 2022 no figuraban en los registros de entrega, mientras que 37 alumnos incluidos en las nóminas de respaldo no correspondían a beneficiarios de los periodos auditados. Esta situación evidenció inconsistencias en los registros y una mezcla de información de distintos años, dificultando la trazabilidad y el control de los recursos.
Ante estas irregularidades, la Municipalidad de Linares deberá instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Otras observaciones
La auditoría también advirtió irregularidades en las rendiciones efectuadas a la Superintendencia de Educación. En particular, el DAEM incluyó en la rendición de 2022 un pago por $394.776.023 a una empresa, pese a que el valor real de la factura correspondía a $289.279.211 y a que el desembolso fue realizado con posterioridad a la rendición informada.
Asimismo, en la rendición de 2023 se incorporó una factura por $361.415.430, aun cuando ésta no había sido pagada al momento de su presentación.
Adicionalmente, entre 2023 y 2024 se identificaron facturas por $89.279.211 y $361.415.430, emitidas a la misma empresa, de las cuales no se pudo verificar antecedentes que respaldaran su emisión ni la existencia de documentos tributarios válidos que acreditaran su autenticidad. Por esta razón, la Contraloría remitirá los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Por otra parte, respecto de los recursos de la subvención Pro-Retención de los años 2023 y 2024, la fiscalización determinó que no habrían sido ejecutados fondos por $306.026.080 y $130.917.834, respectivamente, según lo informado por el jefe de finanzas del entonces DAEM de Linares.
Por lo anterior, el municipio deberá reintegrar al Ministerio de Educación $436.943.914 correspondientes a recursos no ejecutados, mientras que la Superintendencia de Educación deberá iniciar un procedimiento disciplinario respecto de estos hechos.
