En Chile existen más de 1.400 campamentos, con miles de personas, familias, niños y adultos mayores, que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. El crecimiento ha sido exponencial. En 2011 los campamentos albergaban a 27.000 familias. Hoy esa cifra aumentó a 115.000 familias. Se cuadruplicó.
El aumento registrado responde a diversas causas, entre ellas: el bajo crecimiento de la última década agravado por el gran aumento de la migración a partir de 2014; la derogación del decreto que impedía a quienes usurpen terrenos públicos o privados acceder a beneficios estatales como el subsidio a la vivienda; la pandemia y la crisis económica que se derivó de ella. Adicionalmente, un porcentaje significativo de este incremento se produjo tras el estallido social por su consecuencia en el debilitamiento del Estado de Derecho.
La toma de San Antonio, surge justo en este último período. Las primeras familias en llegar al cerro Centinela lo hicieron en 2019 y pese a que los dueños del terreno advirtieron de esta ocupación ilegal, no hubo respuesta ni medidas de parte de las autoridades lo que es inaceptable.
Es vital dejar claro que el derecho de propiedad es un pilar fundamental del Estado de derecho y claramente en estos casos no se respetó y es lo que dictaminó el poder judicial.
En estas circunstancias la vía que articuló el Minvu, abre una posibilidad de solucionar un conflicto muy complejo. Es de esperar que logre llegar a buen término sin sentar un precedente que comprometa recursos del Estado, para no incentivar nuevas tomas de terreno.
El caso de San Antonio debe ser un llamado de atención, tardío pero válido, para abordar con urgencia y mirada país lo que ocurre en Chile con el creciente déficit habitacional. Es necesario evaluar cada caso de asentamiento precario para proponer soluciones que puedan dar una vivienda a quienes lo necesiten, pero siempre ajustándose al Estado de Derecho, sin saltarse la fila y priorizando a quienes sí han hecho el esfuerzo de esperar por un subsidio estatal que les entregue las llaves de su casa propia. Y, sobre todo, respetando el derecho de propiedad de quienes legítimamente lo tienen.
