Después de más de cuatro horas y media de argumentaciones, análisis y debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención, la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez.
La sesión, iniciada cerca de las 10:00 horas, partió con la exposición de la parte acusadora, por parte del diputado Gabriel Ascencio (DC), dado que la defensa no apeló a la denominada cuestión previa, que refuta el cumplimiento de los requisitos formales para la presentación del libelo. Luego fue el turno de la defensa, en la voz del abogado Gabriel Zaliasnik y del propio secretario de Estado.
Tras un debate en el que participaron, entre otros legisladores, tres de los integrantes de la comisión informante de la acusación (Loreto Carvajal, Alejandro Bernales y Jenny Álvarez, también la componían Fernando Meza y Joaquín Lavín), la Sala sometió a votación el punto, arrojándose el resultado ya mencionado.
Por efecto de lo anterior, se procedió, conforme a la normativa vigente, a nombrar una comisión de tres diputados para que formalice la acusación constitucional y prosiga el trámite ante el Senado. Para ello fueron nominados Loreto Carvajal, Gabriel Ascencio y Jaime Naranjo. Sin embargo, esta terna no fue aprobada por 67 votos a favor, 83 en contra y cuatro abstenciones. Una nueva propuesta en este punto será presentada en la próxima sesión.
Además, la Cámara deberá comunicar formalmente sobre el resultado al Senado y al afectado, dentro de las veinticuatro horas siguientes de concluida la sesión. El acusado, en tanto, quedará suspendido en sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (art. 52), lo que se comunicará a la autoridad que corresponda.
Debate
La diputada Carvajal (PPD), quien presidió la citada comisión informante, expresó que el secretario de Estado habría observado con excesiva tolerancia la vulneración de los derechos humanos en el paro de camioneros y en el caso del joven del puente Pio Nono. En este marco, sostuvo que la seguridad pública siempre está a cargo del Ministerio del Interior.
Recordó, además, que los argumentos esgrimidos por la primera defensa de Víctor Pérez trataron de traspasar la responsabilidad de la conducción de Carabineros al Ministerio de Defensa, lo que provocó un problema entre ambas carteras. “Es totalmente bajo no hacerse cargo de la responsabilidad que, por ley, cada uno de nosotros tenemos, incluido el ministro”, afirmó la diputada.
En el debate, el diputado Alejandro Bernales indicó que se debe apoyar el libelo porque existen responsabilidades del ministro. Planteó que la autoridad debe responder por sus acciones y omisiones como, por ejemplo, respecto de las diferencias de trato en materia de seguridad pública y que haya descartado aplicar la Ley de seguridad interior del Estado por el paro de camioneros.
“Mientras se resguardaba a quienes marchaban por el rechazo, se reprimía a los manifestantes por el apruebo en plaza Italia. (…) En los últimos tres meses no ha existido respeto irrestricto a los DD.HH., tampoco elementos de protección para Carabineros (…). No es tolerable que quienes deben resguardar la seguridad de los chilenos, vulneren los DD.HH.”, recalcó en sus argumentaciones.
La diputada Jenny Álvarez (PS) aseguró en la Sala que durante el estado de excepción el ministro del Interior es el responsable político de la cartera, pues no se suspenden ninguna de las obligaciones constitucionales y legales que lo ponen a la cabeza de las policías.
De este modo, y como se mantiene la obligación de un control jerárquico de Carabineros, el secretario de Estado es la única autoridad política que puede responder por la actuación de sus funcionarios y, por lo tanto, hay argumentos de mérito para aprobar la acusación. Es más, planteó que, incluso, hay bases para una nueva acusación por la muerte de un joven carabinero en un procedimiento en La Araucanía.
En el debate también intervinieron las y los diputados Matías Walker (DC), Carmen Hertz (PC), Luis Pardo (RN), Jaime Mulet (FRVS), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Jorge Brito (RD), Paulina Núñez (RN), Alexis Sepúlveda (PR) y María José Hoffmann (UDI).
Defensa del Ministro
El nuevo abogado defensor del ministro del Interior, Gabriel Zaliasnik, comenzó su presentación criticando el que, nuevamente, se pretenda evaluar el mérito de las decisiones políticas recurriendo a una acusación constitucional.
El abogado, que hace algunas semanas también fue parte de la defensa del exministro de Salud, Jaime Mañalich, refutó la desprolijidad en la acusación, así como la oportunidad y la falta de fundamentos, asegurando que, una vez más, se juzga a personas por su calidad de tal y no por las conductas o infracciones jurídico constitucionales que hayan ocurrido.
La defensa aseguró que el libelo presenta una evidente “trampa tautológica”, pues, por una parte, se le reprocha al ministro el no utilizar la potestad de la ley de Seguridad Interior del Estado y, por otra, se le critica el haberla usado. “Lo absurdo -y aquí está la falla geológica de la acusación- es que la conclusión de los tres capítulos es que no se dialogue”, agregó.
Para la defensa del ministro, la acusación “desprecia la política, en circunstancias que corresponde a esta Sala realzarla”. El abogado afirmó que, “al calor de la contienda política”, se habría construido un cuarto capítulo de la acusación en torno a la primera defensa presentada por el ministro en la comisión que analizó la pertinencia del libelo.
Frente a eso, señaló que se trata de un “acto de magia que, por la vía de mostrar ciertas cartas, nos esconden otras”. Estimó que se trata de un “acto de ilusionismo político y constitucional”, pues no se estaría atendiendo el fondo del asunto. “Aquí no bastan la mera sospecha, se requiere de pruebas categóricas”, acotó, considerando que eso sería lo que la acusación no posee.
También se señaló que durante este gobierno ha existido una “seguidilla de libelos para anular a los ministros” e impedir así el despliegue del Gobierno. Junto con esto, detalló un cálculo donde señala la cantidad de horas que se han destinado al estudio y votación de las acusaciones (cerca de 180 horas).
Ministro Pérez
El ministro Víctor Pérez recordó que 16 años de su vida política la desarrolló en el Hemiciclo de la Cámara, donde aprendió el trabajo de la política, la búsqueda de los consensos, el convencer y ser convencido.
“En esta etapa, contribuí a la conformación de leyes, planteé acusaciones constitucionales, tuvimos momentos complejos como el caso MOP Gate; pero creo en la política como una manera de poder avanzar, desarrollarnos y poder superar los problemas que nos presenta la ciudadanía”, sostuvo el ministro del Interior.
Agregó que asumió la titularidad de la cartera en conciencia de que se vivían momentos extraordinariamente complejos, pero con la convicción de podría aportar al país. De esta manera, relató que, tras su investidura, viajó a La Araucanía donde se habían tomado municipios para buscar fórmulas de solución.
Destacó que la situación de los disturbios de Curacautín se resolvió gracias a que, por medio del diálogo, Carabineros logró sacar a quienes habían irrumpido en los ayuntamientos- 40 personas- sin que fueran lesionados por la comunidad, que mantenía una actitud violenta.
En ese marco de violencia, recordó que se quemó al camionero Juan Barrios y, posteriormente, se disparó a otro camión donde resultó baleada una niña de nueve años, hechos que gatillaron el paro de camioneros.
El ministro Pérez indicó que se iniciaron, de inmediato, conversaciones y negociaciones para desactivar la situación y que, al igual que lo hicieran en el 2008 y en el 2015, los exsecretarios de la misma cartera, Jorge Burgos y René Cortázar, decidió abstenerse de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, pues el objetivo era superar el conflicto, que terminó al sexto día.
Respecto de su supuesta arbitrariedad en el proceso de campaña para el plebiscito, reveló que al inicio de este se reunió con los presidentes de todos los partidos para garantizar el máximos de libertades dentro de las restricciones de la pandemia.
En el caso del puente Pío Nono, Pérez explicó que señaló, desde el primer momento, que era un hecho lamentable y que se pondrían, de inmediato, a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes para que se desarrollara la respectiva investigación.
