Autoridades de Chile y Argentina, expertos en seguridad y representantes del mundo público y privado participaron en el Foro Internacional “Vínculo Crítico: Crimen Organizado y Comercio Ilícito”, organizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile.
La instancia reunió a diversas autoridades de alto nivel para analizar el impacto del crimen organizado, quienes coincidieron en que las economías ilícitas han dejado de ser fenómenos aislados o informales, pasando a constituir estructuras de financiamiento permanentes para organizaciones criminales. En ese contexto, se advirtió que las ganancias globales del comercio ilícito alcanzan los US$460 mil millones, mientras que en América Latina representan cerca de la mitad: US$210 mil millones. Esto equivale a pérdidas para los Estados cercanas al 2% del PIB, según cifra de la OCDE.
Asimismo, se abordó la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones y avanzar en mecanismos de cooperación internacional para enfrentar organizaciones cada vez más sofisticadas y que operan de manera transnacional. “El crimen organizado y el comercio ilícito ya no respetan fronteras: operan como redes transnacionales que aprovechan las brechas entre los Estados. Por eso, la respuesta no puede ser individual ni reactiva. Combatirlos exige inteligencia compartida, atacar sus flujos financieros y desarticular las estructuras logísticas que los sostienen, más allá de la simple incautación de mercancías. La cooperación internacional es clave, y por eso valoramos la renovada coordinación entre Argentina y Chile”, comentó el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, Martín Verrier.
En la misma línea el subsecretario de Seguridad Pública de Chile, Andrés Jouannet, señaló que “el comercio ilícito es hoy una de las expresiones más visibles del crimen organizado transnacional operando en Chile. Hay estructuras criminales con capacidad de financiamiento, redes logísticas y mecanismos sofisticados de lavado. Esa es la realidad y así la hemos asumido como Gobierno. Pero solos no podemos derrotarlo, necesitamos a todos los países en especial a uno vecino y socio como lo es Argentina”.
Otro de los ejes centrales del foro fue el impacto del comercio ilegal en barrios y las dificultades que enfrentan las instituciones para recuperar espacios capturados por economías ilícitas. Sergio Morales, gerente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de la CNC, afirmó que “la experiencia ha demostrado que la clave para combatir el comercio ilícito es la coordinación, tanto al interior de cada país como entre las distintas naciones. La complejidad de este fenómeno radica en que no reconoce fronteras, pero creemos que es posible avanzar en controles efectivos y en una normativa más eficiente y homogénea. Sin duda, la coordinación y la colaboración con el sector privado son una de las respuestas más potentes que, como sociedad, podemos impulsar para enfrentar este tipo de comercio y a las mafias que operan detrás de él. El desafío es abordar toda la cadena, desde la fabricación y distribución hasta el consumidor final”.
Asimismo, el coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, Pablo Urquízar, comentó que “el comercio ilegal en Chile ha evolucionado hacia un fenómeno mucho más complejo, donde convergen informalidad, economías ilícitas y dinámicas asociadas al crimen organizado. Alertan los incrementos sustantivos en la Macrozona Norte y la concentración territorial, dado que el 60% del comercio ilegal se materializa en 10 comunas del país. Asimismo, se evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar mercados ilícitos cada vez más organizados, dinámicos y territorialmente adaptables”.
Durante el encuentro también se dieron a conocer cifras sobre el avance del comercio ilegal de cigarrillos en Chile. Según un informe de KPMG, en Chile el 58% del mercado de cigarrillos ya es ilegal, fenómeno que estaría asociado a una pérdida fiscal cercana a los US$1.200 millones. Asimismo, se advirtió que Chile es actualmente, después de Ecuador, el país con mayor mercado ilegal de cigarrillos en América Latina. “El contrabando de cigarrillos es un problema global y una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, debido a su alta rentabilidad y al bajo riesgo que implica su transporte, generando utilidades que incluso podrían superar al narcotráfico. En nuestra región circulan 79 mil millones de cigarrillos ilegales, una cifra que da cuenta de la profundidad del problema”, comentó Juan Francisco Galli, ex subsecretario de Interior.
En el segundo panel, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, se refirió a la necesidad de fortalecer herramientas legales para combatir al crimen organizado. “Nunca el Estado había tenido tanta información para perseguir el delito. ¿Cuál es el problema? Que o la ley no nos deja ocuparla, o no hay voluntad en la jefatura para ocuparla. La información está ahí, el ejemplo de la Contralora con las licencias médicas es uno, pero hay muchos otros cruces posibles como, por ejemplo, con las farmacias. La ley del Ministerio de Seguridad permite usar todas las bases de datos públicas que están disponibles para el Estado, los ingresos y salidas del país que tiene la PDI, la información de Fiscalía, pero no le permite oficiar a Salcobrand, Ahumada o al Dr. Simi, y decirle, dígame si todas estas personas con órdenes de arresto han ido a su farmacia o no. Yo creo que hay que avanzar en esa dirección”.
Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Sur y coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, advirtió sobre la necesidad de avanzar en una mayor coordinación con el sistema financiero y las instituciones encargadas de prevenir el lavado de activos. “Si nosotros no bloqueamos los mercados ilegales y no contamos, además, con el apoyo del sistema financiero, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Aquí se requiere coordinación entre la Unidad de Análisis Financiero, la CMF, las notarías, los conservadores y todas las instituciones que tienen relación con el lavado de activos. También necesitamos instituciones dotadas de los recursos necesarios para hacerse cargo de estos fenómenos, porque no sacamos nada con seguir creando leyes si no existen las capacidades para implementarlas”, afirmó.
El encuentro también contó con la participación de parlamentarios, el General Director de Carabineros de Chile (s) Enrique Monrás y el jefe de la Prefectura de Crimen Organizado Centro de la PDI, Johnny Fica; entre otras autoridades y expertos vinculados al ámbito de la seguridad y el combate al comercio ilícito.
