En los 70 para solucionar la crisis política existía consenso de la necesidad de poder tener un Banco Central autónomo, que permitiera tener una economía sana que no cayera en procesos inflacionarios. Junto con una segunda vuelta en las elecciones presidenciales para superar los famosos tres tercios que conseguían elegir gobiernos minoritarios como lo fue el de Allende, con las consecuencias de todos conocidas y que aún arrastramos.
Todo esto como un mínimo necesario y ahora puestos frente al desafío constitucional cabe hacer preguntas similares. Así como en materia de contrapesos, siempre es valioso tener organismos de importancia para una buena marcha democrática eficiente, que para ser eficaces debieran ser independientes de los tiempos y ciclos político-electorales, lo que significa en gran medida, poder dotarlos de la autonomía respectiva.
Como lo expresara en un matutino capitalino recientemente el ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central José De Gregorio “deberíamos ir pensando cómo fortalecer la autonomía pero el problema que existe siempre es que a los políticos no les gusta soltar el mando y no se dan cuenta de que construir instituciones autónomas bien gobernadas por el bien del país hace muy bien”. Vale la pena tenerlo muy presente en estos tiempos constituyentes que se avecinan.
Hoy en día en nuestra actual Carta Magna existen diez entidades con autonomía constitucional que pueden organizarse independientemente sin depender del gobierno de turno. Estas son: el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), el Servicio Electoral (Servel), el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Ahora para los tiempos que vienen, se requiere incorporar de manera urgente a otros entes tales como el Servicio de Impuestos Internos y el Instituto Nacional de Estadísticas, para que funcionen como organismos autónomos. Cuántos líos políticos se habría evitado en la última década si en las investigaciones por platas electorales el SII hubiera sido independiente o los bochornos de los últimos censos llevados a cabo por el INE.
Frente al momento constitucional otro tema clave será preguntarnos, ¿que tan presidencial queremos que sea nuestra república? o ¿la queremos más parlamentaria? Y si estamos con esas inquietudes, por qué no pensar también si fuera posible en un sistema federal, donde las regiones pudieran tener la relevancia que se merecen y así de una vez por todas, ponerle coto al país centralista en que se ha convertido Chile.
Para un proceso como el que enfrentaremos los próximos años y décadas, los partidos políticos y el rol que estos deben desempeñar, resultan fundamentales. Por lo tanto, como lo menciona el politólogo chileno estadounidense Arturo Valenzuela, el que en nuestro sistema presidencialista en extremo sólo se le pida al parlamento que ratifique o rechace leyes, “sin que la negociación política se dé en el Legislativo, en forma importante eso contribuye, a la desarticulación de los partidos”. Lo cual es producto del hiperpresidencialismo que instauró la Constitución del 80.
Para tener un futuro con un sistema que efectivamente puede darle al país las políticas públicas necesarias para su desarrollo democrático, es importante hacer los cambios que permitan poner los incentivos asociados a la cooperación más adecuados.
Diego Benavente
