TALCA.— En un duro golpe a la probidad institucional, Carabineros de la Prefectura de Talca confirmó la detención y desvinculación de seis funcionarios de sus filas, luego de comprobarse su participación en una serie de delitos graves. El operativo fue el resultado de un trabajo de seis meses liderado por el Departamento de Asuntos Internos en coordinación con el Ministerio Público.
A través de un comunicado oficial, la institución uniformada explicó que la captura se logró “a raíz de las constantes evaluaciones y fiscalizaciones de los procedimientos policiales”, lo que permitió acreditar la participación del grupo en hechos delictivos, actuando en calidad de coautores.
Desde la policía uniformada enfatizaron el carácter riguroso de sus protocolos de fiscalización: “Estos métodos de depuración institucional forman parte de los constantes controles internos, los cuales son señales de la transparencia que legitiman el actuar de Carabineros de Chile”, subrayó el documento.
Delitos y rango de los implicados
Según fuentes de Emol, los ahora exuniformados fueron capturados bajo orden judicial y se les imputan cargos de robo con intimidación, robo en lugar habitado, asociación criminal y falsificación de instrumento público.
El grupo delictivo estaba compuesto por personal de distintos rangos, lo que da cuenta de la transversalidad de la red desarticulada. Los aprehendidos corresponden a:
Un teniente.
Un suboficial mayor.
Un sargento 2°.
Tres cabos.
Todos los involucrados pasarán a control de detención durante la mañana de este viernes, instancia donde se conocerán más detalles de las indagatorias y las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía.
Reacción del Gobierno: “Hechos de extrema gravedad”
La situación generó una rápida reacción en las autoridades políticas. El delegado presidencial de la Región del Maule, Juan Eduardo Prieto, calificó el escenario como sumamente complejo.
“De comprobarse estos hechos, estaríamos frente a situaciones de extrema gravedad y absolutamente repudiables, especialmente cuando involucran a personas cuya principal labor es resguardar la seguridad de la ciudadanía”, aseveró.
Pese a reafirmar el respaldo del Ejecutivo hacia la labor de las fuerzas de orden, Prieto fue enfático en que no habrá espacio para la impunidad. “Como Gobierno, nuestro apoyo a las policías es permanente (…) sin embargo, ese respaldo también exige actuar con firmeza y mantener una posición especialmente crítica frente a conductas que se aparten de la ley, la probidad y los estándares que la ciudadanía legítimamente espera de sus instituciones”, manifestó la autoridad regional.
Finalmente, el delegado presidencial instó a que los organismos competentes desarrollen la investigación con total rigurosidad, permitiendo que la justicia determine fehacientemente los hechos, establezca responsabilidades y “aplique las eventuales sanciones conforme a derecho”.
