La educación es mucho más que la transmisión de conocimientos. Es el espacio donde nuestros niños y jóvenes desarrollan sus talentos, construyen amistades, aprenden valores y comienzan a proyectar su futuro. Por ello, cuando la violencia ingresa a los establecimientos educacionales, no solo se daña la infraestructura de una escuela o un liceo; se afecta directamente el derecho de miles de estudiantes a aprender en un ambiente seguro y tranquilo.
Durante los últimos años hemos sido testigos de situaciones que jamás debieran normalizarse en una comunidad educativa: agresiones, amenazas, destrucción de espacios públicos y hechos que generan temor en estudiantes, docentes y familias. Frente a esta realidad, el proyecto de ley Escuelas Protegidas representa una señal clara de que como país estamos dispuestos a recuperar el valor de la educación como un espacio de respeto, convivencia y formación.
Esta iniciativa busca entregar mayores herramientas para resguardar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales y garantizar que quienes asisten a clases puedan hacerlo en condiciones adecuadas. No se trata únicamente de una discusión legislativa; se trata de una respuesta concreta a una demanda que las familias han expresado durante años: que sus hijos puedan estudiar seguros.
Las familias son el corazón de nuestra sociedad. Cada mañana miles de madres, padres, abuelos y cuidadores depositan su confianza en las escuelas y liceos, esperando que sus hijos regresen a casa después de una jornada de aprendizaje y crecimiento. Esa confianza debe ser protegida por el Estado, por las comunidades educativas y por toda la sociedad.
Por eso, el avance en el Congreso de despachar a ley el proyecto Escuelas Protegidas constituye una buena noticia para el país. Es una iniciativa que pone en el centro a los estudiantes y reconoce que la seguridad no es un obstáculo para la educación, sino una condición indispensable para que ésta se desarrolle plenamente. No puede haber aprendizaje efectivo cuando existe miedo, incertidumbre o violencia.
Como Gobierno, creemos firmemente que los niños y niñas deben ser la prioridad de las políticas públicas. Proteger sus espacios de formación es también proteger sus oportunidades de desarrollo y el futuro de Chile. La educación requiere autoridad, respeto por las normas y comunidades comprometidas con el bienestar común.
Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso importante para fortalecer nuestras comunidades educativas y devolverles la tranquilidad que merecen. Porque una escuela protegida es también una familia más tranquila, una comunidad más fuerte y un país que apuesta por el futuro de sus nuevas generaciones.
Hans Heyer Molina
Seremi de Gobierno del Maule
