La Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría coordinada con las Unidades de Auditoría Interna de entidades del sector público y municipal, que incluye a 733 instituciones a lo largo del país, para revisar el proceso de recuperación de los montos adeudados por las Isapres y Fonasa a dichas entidades por concepto de subsidios de incapacidad laboral. Esta auditoría también considera examinar el reintegro que deben hacer los funcionarios cuando sus licencias médicas fueron rechazadas.
De las instituciones analizadas, 173 pertenecen al sector salud, 33 a educación; 26 a FF. AA, Policías y Gendarmería; 24 a educación superior; 2 empresas del Estado; 143 a otras entidades públicas, y 332 municipalidades.
La auditoría, que se inició a principios de este mes, examinará asimismo los plazos de presentación de las licencias médicas por parte de los beneficiarios, y las acciones realizadas por los servicios para cobrar dichos montos. Esto incluye las entidades de salud previsional, como a los funcionarios que no cumplieron el reposo de salud, cuyas licencias fueron rechazadas y debían reintegrar los días no trabajados.
Los resultados de esta auditoría coordinada se proyectan para un plazo aproximado de tres meses.
