En las últimas semanas, se han suscitado episodios de violencia escolar en el país relacionadas con situaciones de convivencia. Según la Superintendencia de Educación más de 2.500 casos se han presentado en el primer trimestre de 2025.
“La violencia escolar, la desregulación emocional o la falta de comprensión de las necesidades educativas especiales son síntomas de un sistema que aún no se adapta plenamente a las exigencias sociales”, subrayó al respecto la investigadora adjunta del Núcleo Milenio para la Ciencia del Aprendizaje (MiNSoL), Lidia Valdenegro Fuentes.
Según la especialista, esta realidad refleja que profesores y personal paradocente no están capacitados para abordar conductas disruptivas en el espacio escolar.
“Los profesores no están formados. En ocasiones ni si quiera saben cuál es el trabajo que deben realizar los educadores diferenciales/especiales, que también son profesores. Tampoco tienen conocimiento sobre los distintos diagnósticos y sus manifestaciones, lo cual constituye un problema porque son quienes observan a los estudiantes”.
Por tal sentido, la también académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción advirtió que este problema debería estar en la agenda prioritaria del Ministerio de Educación por cuanto la violencia escolar crea un ambiente hostil y de inseguridad, lo cual impacta en el proceso de enseñanza – aprendizaje y en la salud mental de los jóvenes.
¿Qué se debe hacer?
Capacitar al profesorado para enfrentar el problema de violencia escolar de manera integral es una de las medidas que recomendó la investigadora de MiNSoL.
“Otras medidas adicionales, son contar con personal que pueda guiar el proceso de mediación en los hechos de violencia, como psicólogos educativos que asesoren el abordaje de estos problemas, acompañen a las víctimas, estudien las causas de las conductas violentas en los victimarios y observen las conductas de los estudiantes a fin de detectar a tiempo las señales de alerta”, puntualizó Valdenegro Fuentes.
Algunos sectores de la sociedad sostienen que una medida efectiva sería separar a los estudiantes con necesidades de educación especiales, sin embargo, la investigadora explicó “que se ha avanzado mucho en materia de inclusión” y por tanto considera que “separar nuevamente, como se hacía antes, a las personas por una condición diagnóstica, sería privarlos de poder convivir en sociedad”.
“Coincido con quienes proponen un modelo mixto de educación inclusiva, lo que implicaría mantener parte del actual modelo, pero implementar espacios adicionales, como centros de recursos de acceso universal y un número reducido de escuelas especiales para situaciones más complejas, entendiendo que el acceso a la educación es un derecho universal”, añadió.
Proyecto de Ley
A principios de abril, la Comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto de Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, para la investigadora de MiNSoL esta propuesta es interesante porque busca atender desafíos como violencia escolar, bienestar del profesorado y el ambiente laboral.
“Sin embargo, habrá que ver cómo avanza su implementación, porque existen problemas sociales que permean el espacio escolar influyendo en la convivencia y esos problemas, que son estructurales, no los va a solucionar una ley de convivencia escolar, para eso tendríamos que implementar una ley de convivencia ciudadana y social, porque finalmente la escuela es el reflejo de la sociedad actual y la una proyección de lo que podemos esperar de la sociedad futura”, finalizó.
