Un grupo transversal de parlamentarios de oposición, liderados por las diputadas del partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha, ingresaron este lunes la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por infracciones a la Ley General de Educación, incumplimiento a la Constitución vigente vulnerando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la inacción frente a la crisis educativa, entre otros argumentos.
El texto cuenta con un total de 7 capítulos, referidos al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la no aplicación de la ley de educación pública y el incumplimiento del rol de supervigilancia del secretario de Estado. Asimismo, una infracción relativa a irregularidades detectadas en los programas «de Alimentación Escolar» y «de Alimentación Parvularia» de la Junaeb.
Respecto a este punto, la diputada Muñoz dijo que “algunos capítulos están relacionados con el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y su vulneración, mientras otros están relacionados con no usar La ley de Educación Pública y que el ministro no ha cumplido su rol de supervigilancia en el ámbito de la Administración del Estado. Es donde, como ya lo he dicho, hay irregularidades en la implementación de los procesos de licitación de los alimentos para los niños a lo largo de todo nuestro país”.
Su par, Sara Concha opinó que “él (ministro Ávila) tenía responsabilidades de cumplir como ministro de Estado, porque todas estas infracciones que están incorporadas en este texto de acusación constitucional no es algo que ocurre cuando asumió, sino más bien son antecedentes que se venían advirtiendo de la crisis y de la grave situación en la que hoy día nos encontramos y que con esta administración ha ido en decadencia. Por eso es que creo que los argumentos son contundentes”.
Desde el partido Republicano, el diputado e integrante de la comisión de Educación, Stephan Schubert, indicó que “quiero hacer un llamado a mis colegas y a la ciudadanía. Aquí tenemos un ministro de educación que no está haciendo bien la pega en un ministerio tan importante y tan relevante como la educación. Esto efectivamente es una acusación política, pero es una acusación política porque el presidente ha mantenido en su cargo a una persona que no está a la altura de lo que la educación chilena el día de hoy requiere. Tenemos una profunda crisis de materia educacional y estamos usando esta acción constitucional como la herramienta constitucional que tenemos para hacer el trabajo que el Presidente (Boric) no hizo, al no sacar a una persona que no está dedicando el tiempo a abocarse a lo que debería en este ministerio”.
Caso Junaeb
«Demostramos en la acusación, en el capítulo seis, cual es la supervigilancia que le corresponde al ministro de Educación, del servicio dependiente Junaeb, y a continuación le expresamos los dos mecanismos de irregularidades que están traduciéndose en más de 110 mil millones de pesos en perjuicio del erario fiscal. Uno de ellos consiste en pagar raciones de alimentos que finalmente no se entregan, y en segundo lugar, que es igualmente grave, en que se pagan raciones no contenidas en los procesos de licitación, no contenidas en los contratos y a un precio, que se llama el precio variable, que es bastante discutible. (…) Nos parece que una irregularidad de esa envergadura ya sería suficiente para que el ministro de Educación de cuenta de que no es capaz de seguir conduciendo su cartera», sostuvo el diputado RN, Diego Schalper.
Desde el PDG, la parlamentaria Karen Medina opinó que “el ministro no ha encontrado el foco de las necesidades, prioridades y problemáticas que tienen hoy día la educación. Están focalizando estas prioridades en un contexto en que la ciudadanía y nuestros niños, niñas y adolescentes lo necesitan, además como dirigente de los asistentes de educación por años hemos llevado una problemática, logrando conseguir un estatuto que hoy día esto se sigue postergando y los beneficios económicos a causa de la postergación del traspaso de educación a los servicios locales y eso hoy día está perjudicando a los trabajadores de la educación, por lo mismo hemos pedido los apoyos y aún no se dan, es por eso que he decidido sumarme a esta acusación.”
La Sala de la Cámara realizó el sorteo de las/os integrantes que conformarán la comisión encargada de analizar la acusación constitucional.
Luego de darse cuenta de la presentación del libelo acusatorio, se llevó a cabo el sorteo. La instancia quedará conformada por las/os diputadas/os Tomás Hirsch (PAH), Héctor Ulloa (IND), Miguel Ángel Becker (RN), Juan Santana (PS) y Gloria Naveillan (IND).
A partir de hoy, comienza a regir el plazo de tres días para notificar, personalmente o por cédula, al personero. Además, se establece la prohibición de salida del país mientras se desarrolla este proceso.
Tras la notificación, el ministro tiene diez días para presentar sus descargos ante la comisión, en forma personal o por escrito. Desde dicha comparecencia, la comisión tendrá un plazo de seis días para estudiar la Acusación Constitucional y pronunciarse sobre ella.
Las normas que rigen este procedimiento están contenidas en el art.52 de la Constitución Política, el título IV de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el Título VI del Reglamento de la Cámara.
