Luego del rechazo de la Cámara de Diputados y Diputadas a la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria propuesto por el Gobierno, surge la urgencia de alcanzar un gran acuerdo con la participación de todos los actores sociales, para lograr un sistema de recaudación de recursos capaz de atender las demandas que actualmente y por años ha tenido sin respuesta la ciudadanía.
Y es que son múltiples los desafíos que tenemos como país en materia de salud, educación y con especial interés para nosotros en vivienda, ya que en Chile existe un déficit de más de 640 mil soluciones habitacionales. Es imperativo atender a todos estos requerimientos en el mediano y corto plazo, frente a lo cual se necesitan propuestas concretas para la obtención de recursos y su consiguiente financiamiento.
Para hacernos cargo oportunamente de esta deuda social debemos ocuparnos de ella en conjunto, abriendo el diálogo como lo ha hecho el Gobierno al recibir a representantes del mundo empresarial; instancia a la que deben sumarse los partidos con representación en el Congreso y las organizaciones de la sociedad civil. En definitiva, todos quienes tengan la intención de sentarse en una mesa para arribar acuerdos, trabajar en conjunto y caminar hacia un mejor país.
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Como gremio, creemos que Chile necesita mirar hacia adelante y generar un nuevo entendimiento que permita aumentar la recaudación y exigir al Estado un gasto eficiente de los recursos públicos.
En esta línea, hemos venido trabajando en una serie de propuestas orientadas a impulsar principalmente la inversión privada, dado su potencial para generar actividad, crear empleo, aumentar los ingresos fiscales y asegurar un desarrollo inclusivo y sostenible.
Entre varias iniciativas, destacamos algunas que nos parecen especialmente relevantes. Comenzamos por la importancia de contar “Pactos de Invariabilidad Tributaria” para proyectos que se ejecuten en el país, con especial consideración de sectores estratégicos como la minería o la desalinización. Lo anterior fue llevado a cabo con éxito en nuestro territorio el 2014 y a la fecha sigue poniéndose en práctica en otros países de la región.
Asimismo, es necesaria la “Modernización del Estado”, la cual requiere de coordinación interministerial, para resolver las trabas estatales que dificultan la inversión privada y mantienen bajos niveles de productividad del país.
Un tercer aspecto, apunta a fomentar la “Formalización Laboral” mediante impuestos negativos y subsidios para aquellos que trabajan formalmente, fortalecer la fiscalización y desburocratizar la formalización, entre otros.
Orientado a que el país tenga un mejor y más eficaz gasto público, sugerimos también la creación de una “Agencia de Evaluación de Políticas Públicas”, para utilizar de mejor manera los recursos fiscales y así fortalecer la labor del Estado. Esta iniciativa ha sido planteada en varios gobiernos, pero aún no se ha materializado.
En quinto lugar, proponemos una mayor coordinación intersectorial para evitar la duplicidad de esfuerzos monetarios y técnicos, lo que implica una mejor conexión entre los ministerios, la administración central y los gobiernos regionales.
Y como sexta medida, creemos que es importante medir la satisfacción ciudadana en servicios y programas públicos, con el objetivo de propender a una mejora continua, escuchando a los habitantes de nuestro país ya que finalmente son ellos quienes hacen uso de los servicios que entrega el Estado y podemos aprender mucho de sus opiniones y experiencias.
En definitiva, todas medidas orientadas a generar un gran acuerdo nacional que permita aumentar la recaudación, exigir que el Estado gaste eficazmente los recursos públicos y lograr que se generen las condiciones para que el sector privado pueda aumentar su inversión. Sólo así el país podrá vivir cambios en el mediano y corto plazo que permitan a nuestros habitantes una mejor calidad de vida con cambios tangibles en materias como salud, educación o vivienda, un problema que vivimos de cerca.
Adriana Terán Arenas
Presidenta CChC Talca
