El Presidente Sebastián Piñera firmó este lunes un proyecto de reforma de pensiones para mejorar los ingresos de los jubilados, en especial, de las mujeres y de la clase media.
“Vamos a dar un paso adicional en el cumplimiento de ese compromiso político y moral de mejorar las pensiones de todos enviando al Congreso, y con discusión inmediata, un proyecto de ley que nuevamente fortalece nuestro Sistema Previsional”, dijo el Mandatario en un acto en el Palacio de La Moneda acompañado por la Primera Dama, Cecilia Morel, los ministros de Trabajo, Patricio Melero; de Hacienda, Rodrigo Cerda; de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa; y de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.
La iniciativa amplía la cobertura de la Pensión Básica Solidaria desde un 60% al 80% más vulnerable, alcanzando así una pensión mínima de más de $178 mil pesos, quedando por encima de la línea de la pobreza.
Además, se eleva el umbral de cobertura para el aporte solidario para todos quienes estén dentro del 80% de menores ingresos.
Estas medidas beneficiarán a más de 500 mil pensionados, cubriendo así cerca de 2 millones de personas beneficiadas por el sistema.
“La necesaria ayuda al presente no debe comprometer las pensiones futuras y eso es lo que busca este proyecto de ley, aumentar en forma permanente las pensiones de todos nuestros adultos mayores”, señaló el Presidente Piñera.
El proyecto establece un seguro de lagunas para los cesantes para proteger a quienes no cotizan en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) –y ya están cubiertos por ley- con cargo a dicho fondo. Las personas que no están cubiertas por el FCS y que estén desempleadas tendrán asegurada su cotización previsional y su seguro de invalidez y sobrevivencia con cargo a ese fondo. Esto permite proteger a parte importante de la población desempleada, quienes hoy no reciben apoyo para cotizar ni acceder a los seguros antes mencionados.
Este beneficio alcanza en mayor medida a las personas de ingresos más bajos, quienes tienen mayores periodos de cesantía.
El costo de estas medidas es de alrededor de US$ 1.100 millones, equivalentes a un 0,33% del PIB, que será financiado con la eliminación y/o restricción de exenciones tributarias vigentes.
