La subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, el Panel de Expertos Casen 2020 y el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica, dieron a conocer los primeros resultados de la Encuesta Casen en Pandemia 2020.
De acuerdo a las cifras entregadas, a nivel nacional, el 10,8% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos (2.112.185 personas) y 4,3% en pobreza extrema (831.232 personas). Pese a que Casen en Pandemia 2020 se aplicó con cambios metodológicos asociados a la modalidad de aplicación, respecto a versiones anteriores, por lo que las comparaciones deben realizarse con resguardos, estas cifras representan un aumento frente a lo sucedido en 2017, cuando la tasa de pobreza era de 8,6% y la de pobreza extrema 2,3%.
Entre las regiones, Tarapacá (14%), Ñuble (14,7%), Biobío (13,2%) y La Araucanía (17,4%) presentan tasas de pobreza por sobre el promedio nacional, mientras que en la Región Metropolitana (9,0%), Aysén (6,6%) y Magallanes (5,7%) se observan tasas más bajas. En el resto de las regiones no existen diferencias estadísticamente significativas respecto a la tasa nacional.
De las regiones que presentaban un incremento respecto a 2017, la que presentó el alza más significativa fue Tarapacá (7,6 puntos porcentuales). Considerando solo la población en pobreza extrema, las regiones de Arica y Parinacota (5,9%), Tarapacá (6,9%) y La Araucanía (5,9%) presentan tasas de pobreza por sobre el promedio nacional.
Respecto a las ayudas entregadas por el Gobierno durante el año 2020, cabe señalar que éstas permitieron atenuar los efectos de la crisis en las familias. En ese sentido, la pobreza extrema alcanzó un 4,3%, mientras que sin estas ayudas los números llegarían a 5,9%. Por su parte, las cifras de pobreza muestran que esta habría llegado a un 13,7%, cifra que se ve disminuida a un 10,8% con la ayuda entregada.
En materia de desigualdad, observando los ingresos monetarios de los hogares del 20% de mayores ingresos estos representan 11,7 veces los ingresos del 20% de hogares de menores ingresos, lo que nos acercaría a niveles registrados entre 1994 y 1996. Por su parte, el coeficiente de Gini alcanza 0,510 con lo que retrocedimos a valores similares a los observados entre 2003 y 2006.
Tras la entrega de los resultados, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, se refirió a este diagnóstico señalando que “la pandemia que estamos viviendo, es la más grande de los últimos 100 años. Y hemos visto que esta crisis sanitaria golpeó a los hogares de todos los quintiles, pero cuando golpea de una forma tan fuerte y brusca en la caída de empleos, el impacto sobre los hogares más vulnerables es muy difícil de atenuar”.
En este sentido, la ministra enfatizó que la realidad que nos muestra esta encuesta es “la dureza con la que ha actuado la pandemia. Pero debemos seguir por la senda de la recuperación de los empleos, que es la mejor política social, especialmente en un contexto en que la actividad de la economía muestra mejoras”. Y añadió que “no solo debemos recuperar los niveles que estábamos mostrando antes de la pandemia, sino que debemos encontrar las fórmulas para seguir avanzando, para que nadie se quede atrás”.
Por su parte, El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, enfatizó que “quienes son más vulnerables, lamentablemente, perdieron sus empleos y sus fuentes de ingreso. Lo que hemos tratado de hacer es compensar esa pérdida, dando ayudas fiscales. Pero la creación de empleo debe ser de las primeras políticas de protección social. Y por eso, a quienes crean empleos les decimos que hay muchos subsidios del Estado disponibles para que vuelvan a contratar a esas personas”.
El titular de Hacienda destacó que “queremos decirles a esas personas que pueden encontrar trabajo a que no van a perder el IFE. Lo segundo, es que si encuentra un nuevo trabajo hoy, hay un subsidio que llega directamente a su bolsillo que es el subsidio al nuevo empleo que para los hombres es de $50.000 mensuales y para mujeres jóvenes y personas con discapacidad llega a $70.000”.
En esa línea, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, subrayó que “la realidad que nos muestra la Encuesta Casen en Pandemia 2020 es necesaria y fundamental para saber cómo levantarnos de esta crisis. Con este tipo de diagnósticos sabremos dónde enfocar los esfuerzos y cómo implementarlos, generando así un trabajo coordinado para entregar las mejores soluciones a los hogares que se han visto mayormente afectados por esta pandemia, con especial foco en aquellos más vulnerables”.
En este sentido, agregó que “desde la Subsecretaría de Evaluación Social contamos con otros instrumentos de caracterización, como lo es la Encuesta Social Covid, la cual nos permite contar con información oportuna y estadísticamente representativa, relativa a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Asimismo, contaremos con indicadores con registros administrativos y la Encuesta de Bienestar Social, la cual, precisamente, complementa la información entregada por Casen, mediante información respecto de las experiencias y evaluaciones sobre la calidad de vida que enfrentan las personas. Gracias a estas herramientas tendremos un diagnóstico de la realidad de nuestros hogares, lo que nos permitirá llegar de forma eficiente a las familias que se han visto mayormente afectadas por la crisis sanitaria”.
Debido a la emergencia sanitaria, y tras la revisión de experiencia internacional y un análisis en conjunto con el Panel de Expertos que acompaña esta medición, se adaptó la modalidad a una mixta secuencial, la cual se dividió en tres partes: pre contacto presencial, aplicación del cuestionario por vía telefónica y recuperación presencial de un número acotado de casos donde no fue posible realizar un pre contacto presencial.
La ministra Rubilar finalizó diciendo que “queremos ser muy claros: las familias más vulnerables tienen que volver a estar en el foco, tienen que volver a ser visibles y nuestros esfuerzos con más fuerza deben estar puestos en los quintiles más vulnerables. Lo anterior, a través de transferencias directas en la pandemia y después de manera sostenida en el tiempo, con herramientas de protección social como el Ingreso Mínimo Garantizado, pero también con políticas para incentivar y recuperar el empleo formal con perspectiva de género y mirada territorial y regional, entendiendo que el empleo es la mejor y más permanente política social de todas, como demuestran estos resultados”.