Mucho se ha discutido desde el estallido social respecto de cuál es la función del Estado, y no hemos sido pocos, por no decir la gran mayoría de Chile, quienes le hemos atribuido una función mucho mayor que la subsidiaria.
Hace algunos años atrás fuimos testigos de noticias catastrofistas respecto de la capacidad energética en Chile. En el año 2008, sin ir más lejos, se estimaba que en 10 años más, Chile no podrá cumplir con esta demanda.
Esa discusión era motivada por la construcción del mega-proyecto Hidroysén (empresa creada por Endesa y Colbún), que pretendía inundar 5.910 hectáreas en la Región de Aysén produciendo cambios ambientales en ríos, valles, bosques, tierras, la flora y fauna, problemas a la comunidad, etc., por nombrar algunos.
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Los defensores del crecimiento económico a ultranza decían que para lograr el tan anhelado “desarrollo” de Chile, era necesario algunos sacrificios. A cambio de este “sacrificio”, se nos ofrecían como compensación mejoras en infraestructura vial entre Cochrane y Villa O’Higgins, 140 km de la Carretera Austral, en comunicacionales, mejoras de infraestructura universitaria, capacitación laboral y desarrollo social, como también mejoras en aeropuertos y puerto marítimos … migajas frente al irreversible daño medio ambiental.
Fue gracias a agrupaciones como “Patagonia sin Represas” y nuevamente la masiva movilización ciudadana que finalmente ese proyecto no prosperó y fue rechazado.
Obviamente no faltaron los defensores de la preeminencia de lo privado por sobre los intereses público-sociales, quienes se opusieron a este rechazo. Así, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) afirmó que el país “no puede darse el lujo de no utilizar sus recursos hídricos”, y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), manifestó que esperaba que la determinación se hubiera adoptado “por razones técnicas y no políticas”.
Frente a este punto sin retorno, donde existía la dicotomía entre una responsabilidad no solo nacional sino mundial en la protección del medio ambiente y el hecho indesmentible de nuestra escasez energética, surgió el liderazgo del Estado para conducir a nuestro país a una solución. Tal vez algo tardía, pero no por esto menos efectiva, y una vez más motivada por la presión social movilizada, nuestro Estado dejó de lado su rol subsidiario para transformarse, aunque sea por unos instantes, en un Estado con liderazgo social impulsando desde una empresa estatal como Enap los cambios que nuestra matriz energética requería.
Como sabemos, el sector eléctrico en Chile fue totalmente privatizado en la dictadura de Pinochet a partir de 1982, tanto en la generación, como en la distribución y transmisión. Esta situación de monopolio privado cambió a partir del 2014, cuando el Estado, a través del gobierno de Michelle Bachelet, impulsó un proyecto que modificaba la Ley N° 20.897, permitiéndole a ENAP, de propiedad del Estado, participar en la generación de energía eléctrica y transporte necesario para conexión a un sistema eléctrico.
En concordancia a esto, ENAP propició proyectos de energías renovables en Chile para el sector eléctrico, como por ejemplo, la construcción de la primera planta de energía geotérmica del país y de Sudamérica inaugurada en 2017, ubicada en la comuna de Ollagüe, Región de Antofagasta, y el complejo industrial Cabo Negro-Laredo en Magallanes que en asociación con privados cuanta con un parque eólico y permitirá además el desarrollo del revolucionario hidrogeno verde.
Si en 2011 teníamos una capacidad instalada de energías renovables no convencionales (ERNC) de 540 mega watts (MW), hoy la cifra es 11 veces mayor. Ya a fines de 2020 llegó a los 6.113 MW en el Sistema Eléctrico Nacional (Diario “La Tercera” del 13/6/21). Según datos obtenidos desde “La Revista Energética de Chile” y ratificados esta semana por el Ministro de Energía, hoy casi el 25 por ciento de la electricidad del país es suministrada por fuentes renovables no convencionales. Y el hidrógeno verde impulsado por el Estado de Chile, no solo hará que de nuestro país el productor más barato de este recurso para 2030 y lograr para el año 2040 que toda la energía que Chile necesita provenga de energías limpias, sino también que Chile pueda estar entre los tres principales exportadores del mundo para el año 2050.
En fin, sensata fue la decisión y presión ciudadana para rechazar Hidroaysén, y qué muestra más palpable nos ha dado la energía para demostrar que el Estado sí puede hacer bien las cosas, asumiendo el liderazgo que la gran mayoría de los chilenos ha reclamado en las calles, esto es, más Estado pero no omnipresente, sino uno que nos garantice un mínimo de bienestar y dignidad social.
