Toda dictadura tiene en sí misma las raíces de su destrucción. Pero también la capacidad de resistir los embates enemigos. Es un papel difícil de asumir que implica el riesgo de vivir permanentemente al borde de la cornisa, pero que siempre tienta a personajes con aspiraciones mesiánicas en todo el mundo.
Nicolás Maduro, el sucesor casi por accidente de Hugo Chávez en Venezuela, demuestra que se puede ser dictador casi sin saberlo. Pero que, en el poder, puede afirmarse por largos años, más allá de las descalificaciones (y desaciertos) de sus opositores y, sobre todo, por encima de las angustias y dolores del pueblo que pretende beneficiar.
Es posible, sin embargo, que este año marque el comienzo del fin de su régimen. El miércoles pasado se dio a conocer en Ginebra el demoledor informe de la “Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre… Venezuela”. Trabajó en el un grupo presidido por Marta Valiñas e integrado por Francisco Cox Vial y Paul Seils. Fue creado hace un año mediante la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El resultado de sus investigaciones, un texto de 400 páginas, no ha sido entregado formalmente, pero fue adelantado el 16 de septiembre.
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“La Misión, dice, constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.
Marta Valiñas reforzó la lapidaria información. Señaló que se hallaron “argumentos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas planearon y ejecutaron desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunos de los cuales -incluidos asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura- equivalen a crímenes contra la humanidad”.
Es, en suma, un catálogo de violaciones a los derechos humanos.
Mientras variados organismos internacionales piden una acusación ante la Corte Penal Internacional, el gobierno venezolano reaccionó como era previsible. Es “un informe plagado de falsedades -expresó el canciller Jorge Arreaza- elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, (que) ilustra la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no política de DDHH”.
La Misión no pudo visitar Venezuela. Ello se debió a que el Gobierno no respondió a sus solicitudes. Pero, según señala, “realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta”.
El grupo planteó que “otras jurisdicciones nacionales y la Corte Penal Internacional (CPI), que abrieron un examen preliminar de Venezuela en 2018, deberían estudiar acusaciones”.
Podría ser el comienzo del fin, pese a los errores y divisiones de la oposición.
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Abraham Santibáñez
