La discusión del proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2026 entrega una señal preocupante para el país, pero especialmente para regiones como el Maule, debido a una significativa reducción en los recursos destinados a inversión pública.
Según un análisis de la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el presupuesto de inversión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) registra una caída de 17,2%, equivalente a cerca de US$700 millones, lo que representa el recorte más alto de los últimos 20 años. Lo más grave es que este ajuste impacta directamente los fondos destinados a obras e infraestructura, es decir, a proyectos que generan empleo, crecimiento y bienestar para las comunidades.
En el caso de la Región del Maule, el panorama no es distinto. Si bien el presupuesto regional alcanza los $166.380.686 millones para 2026 —un leve aumento respecto de años anteriores, considerando que el de 2024 fue excepcionalmente alto por la emergencia—, el 95% de esos recursos corresponde a presupuesto de arrastre, mientras que solo un 5% (equivalente a $8.169.222 millones) son fondos nuevos. En la práctica, esto significa que no existe margen real para impulsar nuevas obras o programas, lo que limita las oportunidades de desarrollo de las comunas y afecta directamente a las empresas locales del sector construcción.
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Para dimensionar el desafío, es necesario entender la estructura territorial del Maule. Nuestra región posee una de las redes viales más extensas del país, con un total de 7.191 km, ubicándose en el cuarto lugar a nivel nacional. De esa cifra, 3.405 km (47,3%) corresponden a caminos no pavimentados de ripio y tierra, esenciales para el acceso a zonas rurales, productivas y exportadoras. El resto se distribuye en 1.638 km de pavimento asfáltico, 181 km de hormigón y 1.887 km de red tratada, situando al Maule entre las tres regiones con mayor infraestructura vial del país. Esta realidad muestra un territorio profundamente dependiente de la inversión en conectividad, ya que gran parte de su economía agrícola, forestal y vitivinícola se moviliza por vías que muchas veces no cumplen con los estándares adecuados de seguridad, mantención y desplazamiento.
La inversión en infraestructura no es solo una herramienta de desarrollo económico, sino también una política pública que impacta directamente la calidad de vida de las personas. La conectividad vial permite que los productos agrícolas lleguen a los centros de distribución y exportación, que los estudiantes accedan a sus establecimientos, que los pacientes lleguen a tiempo a los centros de salud y que las emergencias climáticas se enfrenten con mayor eficiencia. Cuando la inversión disminuye, estos procesos se vuelven más lentos, más costosos y, en muchos casos, más injustos.
La infraestructura es además una palanca de equidad territorial. En regiones como el Maule, donde más del 40% de la población vive en comunas con alta ruralidad, la calidad de los caminos define la igualdad de oportunidades. Un camino en mal estado puede significar el doble de tiempo para llegar a un hospital, el triple de costo en transporte para los productores agrícolas, o incluso la pérdida de productos perecibles que no alcanzan los mercados a tiempo. En este sentido, cada peso invertido en conectividad tiene una elevada rentabilidad social.
Reconocemos y valoramos enormemente el trabajo que el MOP realiza en la región; sin embargo, los recursos disponibles para el próximo año resultan insuficientes para responder a las necesidades del territorio. Si queremos seguir mejorando la conectividad, fortalecer la resiliencia hídrica y acelerar la ejecución de obras públicas, es indispensable contar con un presupuesto que acompañe ese propósito. Si bien se podría argumentar que en 2024 hubo un aumento considerable, el 42% de ese presupuesto —unos $99.428 millones— correspondió a obras de emergencia en respuesta a las inundaciones de 2023.
Esta reducción en la inversión pública tiene consecuencias directas: menos proyectos significa menos empleo y menor dinamismo económico. A nivel nacional, la disminución de US$700 millones podría traducirse en la pérdida de entre 15.000 y 20.000 empleos directos, afectando principalmente al sector de la construcción y toda su cadena de valor: proveedores, transporte, comercio y servicios locales.
En el Maule, la construcción es un motor clave para la economía y el empleo, por lo que esta situación se vuelve aún más sensible cuando obras esperadas como la Ruta L-30-M San Javier–Constitución, el baipás Curanipe–Pelluhue, o intervenciones urbanas como el cruce 21 Norte–Av. Lircay en Talca, corren el riesgo de seguir postergándose, afectando la calidad de vida de miles de maulinos y maulinas.
Desde nuestro gremio, reafirmamos que invertir en conectividad no es un gasto, sino una estrategia de crecimiento sostenible. Significa más empleo formal y de calidad, mayor competitividad, mejor logística para los sectores productivos y un efecto multiplicador en la economía local.
La inversión en infraestructura no solo construye caminos, sistemas de APR, aeródromos u otras obras esenciales: construye futuro, cohesiona territorios y abre las puertas al desarrollo que Chile necesita.
Por Patricio Gómez
Presidente CChC Maule
