Entre los dos no suman 40 años. Pero el brutal encontrón del carabinero Sebastián Zamora Soto (22) con un adolescente de 16, que culminó con el manifestante malherido en el lecho del Mapocho, ya tuvo secuelas y las seguirá habiendo. Mientras la víctima se recupera, su contraparte está en vías de expulsión del cuerpo policial y enfrenta un juicio por cuasi delito de homicidio. El caso, sin duda, se proyectará por largo tiempo.
En la formalización de Zamora, la fiscal Ximena Chong señaló que el uniformado cometió “actuación dolosa directa” y lo cual, “unido a su rol como funcionarios como carabinero, hace que, desde el punto de vista penal, (existan) diversas formas de reprochar su conducta”.
Al caso se sumaron la negativa de prestación de auxilio al adolescente tras la caída al río, los intentos de encubrimiento y -además- las increíbles amenazas contra la fiscal Chong. Todo lo cual ocurre en medio de denuncias de torturas y de mal manejo del alto mando durante el estallido social, que han colocado a la institución policial en una situación insostenible. La acusación constitucional contra el ministro del Interior y la preocupación de La Moneda por acelerar la reforma de Carabineros, son parte de este crítico panorama.
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El proceso de expulsión de Carabineros de Zamora se basa en su “incumplimiento inaceptable” debido al uso no informado de una cámara personal. La explicación es que cualquier cámara -las hay en el comercio desde 40 mil a 400 mil pesos- no ofrece las condiciones básicas de seguridad. Ya ocurrió en el trágico caso Catrillanca, en que la cámara del carabinero responsable fue desactivada por él mismo, sacando y destruyendo la tarjeta de memoria.
Eso no podría ocurrir con las cámaras Gopro, 30 de las cuales fueron compradas inicialmente en 2018. “Tienen protocolos que aseguran que el video grabado sea inviolable. Esto porque se almacena internamente y está encriptado”, explicó entonces Francisco del Campo, representante de Axon, el mayor fabricante de estos equipos en el mundo.
Estas cámaras permiten, como en el incidente del puente Pío Nono, tener un registro fehaciente de la actuación policial. Pero, como está dicho, es condición indispensable que nadie pueda alterar los registros.
Según se apreció en el puente Pío Nono, en estas situaciones abundan las grabaciones pero no siempre ayudan a clarificar lo ocurrido. Los teléfonos celulares, desde 2015 superan los 26 millones en Chile. No todos son “inteligentes”, pero son muchísimos los que permiten grabar y difundir imágenes y videos por las redes sociales.
Este no es un fenómeno exclusivo de nuestro país.
En el debate vicepresidencial de EE.UU. en que se enfrentaron el miércoles pasado la demócrata Kamala Harris y el republicano Mike Pence, el tema apareció de manera tangencial. La senadora Harris, que antes fue fiscal general de California, recordó que en esos años impuso la obligación de que los agentes policiales mantuvieran siempre activas sus cámaras personales. Desde entonces, agregó, en la formación de policías en California se incluye la superación de los prejuicios de todo tipo. Expresó su orgullo por lo realizado. Espera continuar haciendo lo mismo “en el futuro (desde el gobierno)”.
Las cámaras no impiden los abusos. Pero ayudan a identificar autores y responsabilidades. Deberíamos aprender de estos ejemplos.
Abraham Santibáñez
