El reciente estudio de opinión pública “Imagen y Posicionamiento de la Defensoría Penal Pública” encargado por la institución a la empresa CADEM, y que se desarrolló entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020, entregó interesantes resultados con relación a la percepción ciudadana del sistema de justicia penal y los temas relevantes de la nueva Constitución Política de la República, entre otros temas de interés.
Preocupa sobremanera que a 20 años de la instauración de un sistema acusatorio, oral y público en Chile, aun sólo el 35% de la ciudadanía cree que el sistema de justicia penal da garantías y respeta los derechos humanos y sólo un 47% piensa que estas garantías son resguardadas durante el juicio. Además, solo un 31% piensa que los derechos de los detenidos en comisarías son respetados.
Lo anterior ratifica que la ciudadanía, pese a todos los esfuerzos que se han venido realizando, aun no considera que la justicia penal se haga cargo de todas sus demandas de igualdad, acceso y transparencia, amén del respeto que todos los órganos del Estado deben, por mandato constitucional e internacional, a los Derechos Humanos de todas y todos.
Por ello es que queda muchísimo por hacer en este plano esencial de la vida de las personas, una vez que salvemos el escollo que va a generar la masiva suspensión de audiencias en materia penal, y volvamos a la ‘normalidad’, ojalá más temprano que tarde.
No obstante lo anterior, hay respuestas de este estudio que nos hacen mirar con optimismo el futuro, en efecto, el 56% de los chilenos cree que el sistema de justicia penal va a mejorar con una futura Carta Fundamental, el 76% de la ciudadanía está de acuerdo con que la Defensoría Penal Pública debe ser autónoma, al igual que las otras instituciones que componen el sistema de justicia penal, y un 81% de los chilenos está de acuerdo con que haya abogados defensores en los cuarteles policiales.
Esta mirada positiva nos llena de posibilidades en torno a que la labor de la Defensoría Penal Pública pueda seguir obteniendo buenos resultados en sus nuevos rumbos, marcados como su rol de líder en el respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos; en sus nuevas líneas de defensa especializadas, como es la atención en cuarteles policiales, y en una nueva condición orgánica, ya sea en la nueva Constitución o a través de una reforma legal, consiguiendo la Autonomía que nos hemos ganado por madurez y resultados.
Los años que vienen pues, para la Defensoría Penal Pública, lejos de ser de estancamiento o planicie, se avizoran cargados de desafíos y nuevos enfoques, que estamos preparados para discutir y aportar en el nuevo orden constitucional de Chile que se aproxima.
