Con un aumento de dotación y de cobertura en más comunas del Maule, la Defensoría Regional potenció su programa de defensa en comisarías, que permite que defensoras y defensores penales públicos asistan a dichos recintos a entrevistar a personas que resulten detenidas en el contexto de un procedimiento policial.
Lo anterior se traduce en que, a la presencia que ya se viene dando en Talca desde año 2017 en los cuarteles policiales, se suman las visitas de los abogados en las principales unidades de Carabineros y PDI en Curicó, Molina, San Javier, Constitución y Linares. “La buena nueva es que vamos avanzando con más defensores en comisarías, lo que nos permite replicar este modelo de defensa que nos ha traído muy buenos resultados desde la perspectiva del respeto a los derechos y garantías de las personas detenidas, además de la prevención y disminución considerable de denuncias de abusos o maltratos policiales”, señaló el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig.
Por ello, el directivo regional, junto al jefe de Estudios de la institución, Rodrigo Flores, se reunieron con funcionarios policiales de la Primera Comisaría de Curicó, para informar de la ampliación de este programa, junto con entregar material informativo para que quede a disposición de las personas detenidas y sea de fácil acceso en los calabozos y oficinas de guardia de Carabineros.
En Talca, serán seis defensoras y defensores los que visiten los cuarteles, mientras que las demás comunas contarán con un abogado o abogada, además de la participación de los defensores locales de cada zona y apoyo de asistentes administrativos. Los profesionales se han ido incorporando desde enero de este año y se espera que a finales de marzo ya esté completa la dotación.
El modelo de defensa en comisarías ha sido valorado por Carabineros, el Comité para la Prevención de la Tortura, entre otros, e incluso por organismos internacionales, como EUROsociAL+ y la Asociación para la Prevención de la Tortura, que en una visita realizada a la región del Maule en diciembre pasado indicó que la implementación de dicho sistema es único en Latinoamérica y el mundo, convirtiéndose en una herramienta de escrutinio y control externo, además de coordinación interinstitucional en pos del resguardo de los derechos y dignidad de personas detenidas.
