En los últimos días – y a propósito del proyecto de indulto – hemos seguido siendo testigos de un actuar absolutamente irresponsable e imprudente por parte de algunos parlamentarios de oposición, que nos obliga a exigirles a quienes en definitiva son líderes de opinión y también parte del destino de Chile, mayor responsabilidad, profesionalismo y menos populismo en su gestión.
El proyecto de Ley de Responsabilidad Penal y la Remisión de la Pena a todos quienes hayan sido detenidos a partir del 7 de octubre de 2019 hasta la fecha de la presentación del proyecto, fue acompañado con declaraciones en prensa, como la de una parlamentaria PPD que manifestó al Diario La Tercera: “…No se sabe en qué situación están, ni los cargos que se les pueden hacer. Hay un total anonimato y ocultamiento de la realidad de estas personas, jóvenes en su mayoría, que lo único que han hecho es salir a protestar”, o las declaraciones de un senador RD realizada al mismo medio, donde señaló que existen “delitos contra la propiedad que han sido utilizados y ojo que sabemos que acá hay un proceso irregular muchos casos de montaje y falsas pruebas”.
Frente a estas frases erráticas, es legítimo preguntarnos; ¿es justo eximir de responsabilidad penal a aquellos que quemaron el negocio de un suplementero o a aquellos que saquearon una pyme sustento de familias completas tan solo justificándose en que “es válido hacerlo porque existe un descontento social”?, es decir, ¿es correcto argumentar que aquellos que saquearon y quemaron farmacias, supermercados o restaurants, lo hicieron ante una falta de oportunidades en la sociedad y, por tanto, no debe ser sancionados?; ¿Es legítimo, eximir de responsabilidad a una persona, sin pasar previamente por un juicio oral y público bajo un sistema penal alejado de lo inquisitivo y con respeto irrestricto a las normas instauradas tras las Reforma Procesal Penal?
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Las respuestas a estas consultas son del todo evidentes no es justo, válido y menos legítimo, un proyecto que indulte a aquellos que, en el contexto de un movimiento social, se aprovecharon para cometer delitos. Lo que eventualmente se busca lograr con este irresponsable proyecto, es continuar normalizando la violencia y delincuencia como elementos propios de la democracia y lo que es aún más grave, es que estos parlamentarios continúan buscando artilugios para entrometerse en la independencia de otras facultades y Poderes del Estado –en este caso del Poder Judicial – características propias de un Estado de Derecho y que, según expresa nuestra norma magna vigente, la facultad de conocer causas tanto civiles como criminales, pertenece única y exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.
En definitiva, hasta cuando permitimos que un minoritario sector político busque por medio de subterfugios legales continuar generando y hacer creer erróneamente a las personas que derribando las institucionalidades, están haciendo un favor al país.
Basta de incidir negativamente en la opinión de las personas, es hora de ponernos serios, necesitamos que nuestros representantes políticos empiecen a trabajar a la altura de todos los chilenos, no solo de algunos sectores, es el momento en donde los intereses de la nación están por sobre toda pequeñez política.
Es hora, de que el profesionalismo y compromiso con el país, se hagan presentes y dejen de confundir a la opinión pública con proyectos populistas y sin sentido, es la instancia ocuparse de avanzar en temas profundamente importantes y necesarios para Chile que no pueden seguir postergados.
