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Si en su comunidad existe la sospecha que el administrador puede estar incurriendo en irregularidades o estafa, hay varias alternativas desde el punto de vista legal para que los afectados logren aclarar la situación.
“Lo primero que se puede hacer es recurrir al Juzgado de Policía Local, donde se puede interponer una demanda por incumplimiento y también una querella por daños y perjuicios, para que luego de un procedimiento ante el tribunal se logre acreditar los perjuicios provocados por el administrador demandado, para que este sea condenado a pagar en dinero los daños provocados al afectado que se querelló o a la comunidad del edificio, si es que la demanda o querella fue interpuesta por la comunidad residente en su conjunto”, explica Ximena Aguirre, académica de la Escuela de Derecho de Universidad de Las Américas.
En caso de existir hechos que revistan el carácter de delito, se debe realizar la denuncia ante las policías o ante la Fiscalía correspondiente al domicilio. “En esta situación, la causa queda radicada en un fiscal, quien investiga los hechos y, en caso de existir mérito para ello, podrá formalizar al administrador imputado por el delito que estime de acuerdo con lo investigado (estafa, fraude, falsificación de documentos, etc.), y eventualmente podrá realizar una acusación en su contra para que luego de un juicio sea condenado o absuelto por un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal”, agrega la académica de UDLA.
Por último, señala Ximena Aguirre, también está la posibilidad de demandar ante un Tribunal Civil el incumplimiento de un contrato, cuando el administrador infringe o falta a las obligaciones del contrato que firmó con la comunidad que lo requirió para desempeñar ese cargo. En este caso se busca también la indemnización de los daños y perjuicios causados a las personas o a la comunidad afectada.
En todas las alternativas señaladas, se debe acreditar con pruebas fehacientes la responsabilidad del administrador en los perjuicios provocados, estas pruebas deben ser presentadas al juez para que este determine si debe condenarse al administrador a pagar los perjuicios que provocó y a cuánto asciende la suma que deberá pagar en caso de ser condenado.
