En la ceremonia de inauguración del Año Judicial 2023  a la que asistió el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, el ministro Fuentes Belmar aseguró que: “Como siempre, esta colaboración se afianza en el convencimiento de que cualquier cambio en la ley fundamental de nuestra República debe resguardar el respeto de los principios esenciales de la jurisdicción. A pesar que tuve ocasión de referirme detenidamente a ellos en la cuenta pasada, creo pertinente recordar que los principios de  imparcialidad, autonomía, independencia, inamovilidad, legalidad, igualdad ante la ley, exclusividad, inexcusabilidad y cosa juzgada, constituyen pilares fundamentales de todo Estado de derecho y democrático. La afectación de estos principios implica, necesariamente, un serio riesgo para las personas y en particular para el debido proceso. El resguardo de este primordial derecho y principio no se satisface sólo con el cumplimiento de las formas procesales; ello exige, también, un marco orgánico de todas las instituciones involucradas que asegure que la investigación y juzgamiento de las respectivas causas se han de desarrollar con objetividad e imparcialidad, sin inclinaciones predefinidas ni presiones directas o indirectas de ningún tipo sobre quienes investigan y juzgan”.

En la misma línea señaló que la denominación de Poder Judicial en el nuevo marco constitucional resulta esencial para mantener el equilibrio entre los órganos del Estado y garantizar los derechos de todas las personas. “La denominación de la institución llamada a ejercer la jurisdicción como ´Poder Judicial´, tiene un trasfondo que excede su significación semántica. Que los jueces y juezas formen parte de un poder es, a mi juicio, esencial para posicionar adecuadamente al juzgador en el marco del necesario equilibrio de los poderes públicos, fortaleciendo con ello su autonomía para ejercer cabalmente su rol frente a cualquier individuo, institución o grupo, siempre en función de garantizar los derechos de las personas.”, dijo el ministro Fuentes Belmar.

A la ceremonia  asistieron el presidente del Senado, Álvaro Elizalde; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic;  Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el Contralor General de la República,  Jorge Bermudez; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; el Defensor Nacional (s)  Osvaldo Pizarro; y el presidente (s) del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier, entre otras autoridades del sector justicia y se realizó de manera presencial y virtual en el Salón de Pleno de la Corte Suprema.

El presidente del máximo tribuanl recordó que “con el fin de fortalecer que la opinión técnica de la Corte Suprema sea prestada oportunamente y con posibilidades efectivas de ser atendida”, el año pasado se acordó conformar una comisión de ministros encargada de la vinculación entre el Poder Judicial y los colegisladores. “Nos interesa estrechar lazos de colaboración para avanzar en todos los asuntos legislativos que inciden en la modernización de la administración de justicia”.

Asimismo, explicó que “para ejercer la contribución con el nuevo proceso constitucional que iniciará sus funciones este mes, el tribunal pleno acordó que la comisión de ministros a cargo de la coordinación legislativa también sostendrá la vinculación con los órganos que elaborarán las propuestas que serán plebiscitadas”.

El ministro Fuentes Belmar valoró el trabajo realizado por los tribunales de todo el país durante la pandemia del Covid 19 y aseguró que el trabajo telemático de éstos años ha planteado dos reflexiones: que resulta fundamental a la presencialidad en la labor jurisdiccional y que las herramientas telemáticas son una ayuda importante para mejorar el acceso a la justicia.

“El primer aprendizaje es la importancia que tiene la presencialidad para la función jurisdiccional. La inmediatez que debe existir entre magistrados y  partes litigantes se logra con un sistema donde ellas estén presentes. El Poder Judicial está transitando hacia la plena presencialidad y no tengo dudas que continuaremos en esa dirección, retomando prontamente esta forma de trabajo.”,dijo.

Agregó: “Una segunda reflexión, es que, sin perjuicio de lo anterior, debemos ser capaces de identificar aquellas instancias y procesos donde excepcionalmente la vía telemática constituye una oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia. Este tránsito obligado por las circunstancias nos ha mostrado que es posible, en determinadas materias, procedimientos y gestiones, mantener el uso de medios tecnológicos en la medida que impliquen una respuesta judicial eficaz, útil y oportuna a la ciudadanía.”

El ministro Fuentes Belmar consideró positiva la reactivación de proyectos para dictar un nuevo Código Penal, que tiene casi 150 años de vigencia, y aseguró que un nuevo cuerpo legal contribuiría a enfrentar los nuevos fenómenos delictuales del país.

“Por otra parte, valoramos la reactivación de la tramitación legislativa de un viejo anhelo: el nuevo Código Penal. Varios anteproyectos para reemplazar nuestro actual código, próximo a cumplir 150 años, han sido promovidos en las últimas dos décadas por los distintos gobiernos.

La tipificación y sistematización de los ilícitos, la magnitud y extensión de las penas y de las distintas medidas restrictivas de libertad, son algunos aspectos en torno a los cuales esperamos que el nuevo Código Penal refleje los acuerdos y valores de la sociedad chilena actual, lo que sin duda contribuiría, junto a otras medidas, a enfrentar adecuadamente los nuevos y crecientes fenómenos delictivos que preocupan a la ciudadanía y a todas las instituciones vinculadas con la seguridad y la justicia.”, apuntó.

El presidente Juan Eduardo Fuentes Belmar recordó que este año la Corte Suprema cumple 200 años desde su creación lo que resulta relevante para  la historia republicana del país.

“Este año la Corte Suprema celebra 200 años desde su creación en la Constitución de 1823, lo que reafirma la trascendencia que tiene en la historia de nuestra República, por lo que observar su trayectoria y atender a las proyecciones de su función reviste un especial significado para el país.”

Al iniciar su discurso el presidente de la Corte Suprema hizo una especial mención a las personas afectadas por los incendios de las últimas semanas. “Manifiesto mi solidaridad hacia las personas que han perdido a sus seres queridos y sus bienes en estos lamentables siniestros, así como mi sentido reconocimiento a quienes, con sacrificio y entrega, han estado en terreno colaborando en el combate contra el fuego, apoyando a los afectados y participando en la reconstrucción de las zonas destruidas”.

Hizo mención también al aporte que han significado los buses de la justicia que han recorrido las zonas más afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío para prestar orientación y apoyo en materias jurídicas a los afectados.

Estadísticas

En materia de ingreso de causas el presidente Fuentes dijo que en el año 2022 ingresaron a los tribunales de primera instancia 2.468.942 causas (sin incluir exhortos), lo que representa un aumento de un 14 por ciento (14,31%)

En segunda instancia, dijo,  los ingresos contabilizaron 840.405  causas en las 17 Cortes de Apelaciones del país, lo que representa un incremento que supera el 186 por ciento respecto al año 2021, superávit que se explica por el significativo aumento de recursos de protección interpuestos contra Isapres, que en 2022 llegó a 668.916 causas.

En la Corte Suprema el ingreso fue de 171.875 causas, lo que representa un aumento de un 76,85%, cifra influenciada por las apelaciones de recursos de protección contra Isapres.

Respecto del quehacer de la Corte Suprema, el presidente Fuentes también recordó “que el 16 de noviembre pasado esta Corte, acogiendo una solicitud del Colegio de Abogados y de la Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos, otorgó de manera póstuma, simbólica, extraordinaria y como forma de reparación, el título de abogado y abogada a cinco personas que tenían la calidad de licenciados o licenciadas de la carrera de Derecho y que fueron víctimas calificadas de violaciones de los Derechos Humanos por el Estado”.

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